El abogado general de la UE concluye que limitar las licencias VTC en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea

Limitar el número de licencias de vehículo de transporte con conductor (VTC) en el área metropolitana de Barcelona viola la libertad de establecimiento. Es lo que ha concluido este jueves el abogado general, Matiej Szpunar, en un dictamen preliminar del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que da la razón a la empresa Prestige y Limousine, que impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el reglamento local y solicitó su anulación.

La corte constata que en el área metropolitana de Barcelona son necesarias autorizaciones específicas para poder prestar servicios de VTC urbanos y que dichas autorizaciones están limitadas a una por cada treinta licencias de taxi. En la práctica, el hecho de que el número de licencias de taxi se haya mantenido estable en los últimos 35 años ha impedido a los recién llegados al mercado de los VTC acceder a esas autorizaciones. En cuanto a la autorización adicional requerida, en el momento de los hechos las autorizaciones para operar como VTC permitían prestar servicios urbanos e interurbanos en todo el territorio nacional.

Prestige y Limousine decidió llevar la situación, que afecta a otras trece empresas, incluidas compañías vinculadas a plataformas internacionales, ante los tribunales alegando que las limitaciones y restricciones que les impone el reglamento local busca obstaculizar su actividad y proteger los intereses del sector del taxi. El TSJC decidió entonces interrogar a la corte europea sobre la compatibilidad del reglamento con el derecho comunitario, tanto en cuanto al límite de autorizaciones como a la doble autorización exigida a los VTC. 

Libertad de establecimiento

En sus conclusiones de este jueves, previas a la sentencia que llegará en unos meses, el abogado señala que el transporte local de pasajeros bajo demanda no está actualmente sujeto a armonización en la Unión Europea lo que significa que, en principio, los Estados miembros tienen libertad para intervenir y regular este ámbito. No obstante, subraya que el reglamento debe respetar la libertad de establecimiento, cuya restricción solo puede justificarse por una razón imperiosa de interés general, y que “tanto el requisito de autorización como el ratio 1/30 constituyen una restricción a esa libertad”.

El abogado también concluye que la viabilidad económica de los servicios del taxi no puede por sí misma constituir una razón imperiosa de interés general, le parece cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés económico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligación de servicio público. Es más, según el dictamen, el transporte privado local puede a veces subsanar una falta de servicio no cubierta por el transporte público local, aunque recuerda que ampliar la oferta de servicios de transporte local contribuiría a contar con un sistema que funcionara correctamente y de “mayor utilidad para solventar el problema”. 

Lo que sí acepta Szpunar en su dictamen son las razones esgrimidas en el reglamento sobre la gestión del transporte local, el tráfico, el uso del espacio público y la protección del medio ambiente. En este sentido, no ve en principio problema alguno en justificar la exigencia de una autorización adicional, porque puede satisfacer las especificidades del área metropolitana, en particular, en cuanto al tráfico y a la contaminación. Sin embargo, concluye que “la autorización adicional no debe requerir que se dupliquen los controles ya efectuados en otros procedimientos, ni en el mismo Estado miembro ni en ningún otro. El abogado también se pregunta por qué ambos servicios -taxis y VTC- tienen que tener regímenes jurídicos diferentes si responden a la misma demanda y compiten entre sí y menciona el hecho de que las licencias de taxi obtenidas inicialmente por menos de 100 euros se encuentren ahora a más de 100.000 euros en el mercado secundario.