Frenazo judicial al dentista de Colau sin límite de renta

Parón judicial al dentista municipal que el gobierno de Ada Colau quería implantar para la población barcelonesa sin límite de renta. Una decisión notificada por la sala de lo contencioso administrativo número 5 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha paralizado el servicio, al rechazar un recurso del Ayuntamiento de Barcelona, en un toma y daca que lleva ya un tiempo abierto. La decisión, notificada ayer al consistorio, ha sido dada a conocer este viernes por la concejala de Salud, Gemma Tarafa.

De entrada, Colau implantó un dentista municipal para la población más vulnerable, que no se ve afectado por la decisión judicial y sigue su curso. Se trata de un servicio activo desde noviembre de 2018 que a estas alturas ya ha prestado más de 36.000 servicios. Para poder convertirse en usuario de ese servicio gratuito hay que tener un expediente abierto en servicios sociales e ingresos anuales inferiores a 8.000 euros.

Ampliación

Pero el gobierno de la alcaldesa, con Tarafa al frente del reto, quiso ir más allá y ampliar el dentista municipal a toda la ciudadanía, sin límite de renta. En ese caso, lo previsto es que si se pague el servicio, pero con un ahorro de entre un 13% y un 40% del coste habitual. La iniciativa alarmó al Col·legi Oficial d’Odontòlegs, que presentó un recurso administrativo contra esa figura. El juez suspendió cautelarmente la iniciativa, aunque después las medidas cautelares fueron suspendidas.

El consistorio esperaba una resolución judicial favorable y tenía sus planes: dos gabinetes, uno en Nou Barris y otro, dos años después en una zona por determinar, con 45 profesionales en total. La idea era, y por ahora sigue siendo, que el 12% de barceloneses que no van al dentista, presumiblemente por no poder afrontar su coste, echen mano de esta opción, que prevé atender a 36.000 personas cada año, si es que llega a activarse. No existe, en el planteamiento del servicio, un límite de ingresos como requisito, pero no se excluye que si la demanda llegase a desbordase fuera implantado. Pero por ahora todo esto es un plan paralizado.

Competencia de la Generalitat

Tarafa ha comparecido este viernes para comunicar que el consistorio ha recibido la sentencia y que tiene intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo, para lo que dispone de un periodo de un mes. El jefe de los servicios municipales del consistorio, Manuel Mallo, ha relatado que el principio en el que se basa la decisión judicial es que el ayuntamiento no tiene competencia en salud dental y en que esta corresponde a la Generalitat, que debería dar luz verde para permitir a sus vecinos de la plaza de Sant Jaume emprender la iniciativa.

Algo que Mallo considera infundado, dado, ha subrayado, que la Conselleria de Salut comunicó tiempo atrás a la Administración local barcelonesa que no necesitaba de un informe suyo para proceder a la ampliación del servicio que otorga el dentista municipal.

Tarafa ha asegurado que el consistorio acude al Supremo convencido de sus argumentos y no da por perdida la iniciativa. También ha destacado que la idea goza de un amplio apoyo popular –un 93% de los encuestados por el consistorio lo apoya- y ha recordado que otros servicios han sido cuestionados judicialmente, desde la regulación hotelera a la Zona de Bajas Emisiones. En definitiva, un golpe judicial en la mandíbula municipal, que por ahora aprieta los dientes.