Reacciones al conflicto
Clamor de oposición y restauradores para cambiar la explotación de los chiringuitos de Barcelona
La mayoría de grupos municipales ya habían exigido a Colau más transparencia sobre las millonarias adjudicaciones de las concesiones de las playas y mejoras en su gestión
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Ambiente en la terraza de un chiringuito de playa de Barcelona, este jueves. / ALVARO MONGE
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Patricia Castán
Periodista
Periodista en El Periódico de Catalunya desde 1996. Ha ejercido de redactora y jefa de sección en Gran Barcelona. Especializada en los ámbitos de economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
![J. G. Albalat](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/file/2024/0418/10/albalat.png)
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Patricia Castán / J. G. Albalat
Las presuntas irregularidades detectadas en la gestión municipal de los chiringuitos de las playas de Barcelona han provocado una reacción unánime de los grupos de la oposición, que reclaman con urgencia "transparencia en los procesos", un cambio de modelo que prime la calidad y no la puja económica en las concesiones de este servicio, y explicaciones por parte del Instituto Municipal de Parques y Jardines de los problemas que han ido denunciando públicamente tanto el Gremi de Restauració de Barcelona (en representación de parte de los operadores) como los propios concesionarios. Tal y como ha publicado este jueves EL PERIÓDICO, la jueza María Antonia Coscollola está investigando un presunto trato de favor a una empresa explotadora de uno de los chiringuitos de la playa Nova Icària, tras la demanda penal presentada por la patronal contra el gerente municipal Francesc Jiménez Gusi por un delito de prevaricación.
Los hechos se produjeron en verano de 2021, aunque el gremio ha presentado recientemente la demanda tras aguardar durante 15 meses en vano la respuesta desde el Buzón ético del ayuntamiento, donde se denunciaron inicialmente. A finales de febrero, uno de los operadores pudo montar el chiringuito de playa porque supo antes que el resto que sería posible hacer los preparativos sin haber abonado antes las tasas (pendientes de una reducción por la pandemia), algo que el resto no supieron hasta que se hizo público el decreto al respecto, el 12 de marzo. Otras incidencias en el concurso público que se abrió para renovar las concesiones esta temporada han agravado aún más el conflicto entre este organismo municipal y gran parte de los operadores.
Tras varias renuncias, este año fue necesario repetir el procedimiento en varios chiringuitos, retrasando sensiblemente el inicio de la temporada hasta la verbena de Sant Joan en algunos casos, como denunció la patronal. Cabe recordar que varios de estos montajes abonan más de 700.000 euros por temporada, de modo que el consistorio llega a ingresar más de seis millones por estas concesiones anualmente.
Desde el grupo de Junts per Catalunya, su portavoz Jordi Martí Galbis, señala a este diario su "respeto por la acción judicial que ha llevado a cabo el Gremi de Restauració al sentir vulnerados los derechos de sus asociados". Enfatiza que "la gestión que el gobierno municipal está haciendo de los chiringuitos de la playa acumula errores, irregularidades y fracasos a lo largo de todo el mandato que el mismo ejecutivo no ha acabado nunca de explicar ni justificar".
De hecho, subrayan que su grupo --al saber que se repetía la licitación de este año-- ya avisó al concejal Eloi Badia (Emergencia Climática y Transición Ecológica) en el transcurso de una Comisión de Ecología y Urbanismo, de que "este concurso y su procedimiento eran muy mejorables" e instó el gobierno municipal a trabajar para establecer un nuevo sistema. "Exigimos ahora el máximo de transparencia y explicaciones a Ada Colau y Jaume Collboni sobre la actuación del ejecutivo municipal y colaboración con la justicia para desvanecer ninguna duda sobre las presuntas irregularidades que se recojan a la denuncia”, insiste.
Voces en favor del cambio de modelo
Jordi Coronas, portavoz de ERC en el ayuntamiento, recuerda que ya se discutió en una comisión de Urbanismo sobre el procedimiento. "Hay mayoría en el pleno para cambiar el sistema de subasta por un concurso donde prime la calidad e iguale las oportunidades de los aspirantes", defiende. Y reclama que el gobierno municipal "demuestre con los informes que haga falta si el procedimiento ha sido limpio y transparente o no".
También la concejala Eva Parera (Valents) exige a el gobierno de Colau y PSC "más transparencia e información sobre los procesos de adjudicación de los chiringuitos". "Nos parece surrealista que aquellos miembros del gobierno municipal que presumen de activismo y atacan la gestión privada, cuando les toca gestionar, no paran de cometer errores graves, que lo único que consiguen es ampliar la opacidad y la burocracia". Considera que "Badia tendrá el récord de peor gestor municipal" y pide "más respeto para el Gremi de Restauració", ya que "continuamente se toman decisiones cuya única intención parece ser perjudicar a los negocios".
El PP municipal ya denunció que el actual sistema parece "una subasta encubierta, que infla los precios, llegando a pagar en la última adjudicación hasta más de 800.000 euros", lo que repercute para el consumidor final en un "aumento desorbitado de los precios", señala el concejal Óscar Ramírez. Su partido pedirá al gobierno municipal "explicaciones del proceso" en la próxima comisión de Urbanismo. Y recuerda que el pasado febrero ya presentó una petición de comparecencia sobre las licitaciones.
Desde Ciutadans, Luz Guilarte subraya que su grupo también pidió un informe al respecto en marzo. "Este es un ejemplo más de la falta de transparencia del desgobierno de PSC y Colau, siempre bajo sospecha de malas prácticas". Añade que en respuesta al informe "y ante unas explicaciones nada convincentes", ya advirtieron que "acabaría siendo la justicia quien se pronunciara".
El director del gremio, Roger Pallarols, lamenta que durante tanto tiempo y "con tantas sospechas sobre la mesa" se haya prolongado tanto tiempo el sistema de "subastas especulatorias" e incidentes como este primero que llega a la justicia, y no será el único. "Alguien ha de coger el timón y poner orden con lo que está sucediendo en Parques y Jardines", mantiene.
Ni los Comuns ni sus socios socialistas se han pronunciado este jueves. La patronal lamenta el anuncio recogido por este diario de que la respuesta del Buzón ético se producirá en próximos días. "Hemos esperado meses y meses, y lo darán ahora justo cuando el caso ha llegado a la prensa", ha dicho Pallarols, en alusión a la exclusiva de este diario.
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