Los vecinos de la Casa Orsola llevan su lucha al pleno del Eixample

La majestuosa finca modernista en el chaflán entre las calles de Calàbria y Consell de Cent, en la Esquerra del Eixample se ha convertido ya en todo un símbolo contra la gentrificación. Por el derecho a los barceloneses a vivir en su ciudad. Tras la compra de la imponente finca -antaño una famosa fábrica de baldosas hidráulicas- por parte de un fondo de inversión y el posterior anuncio por parte del mismo de la no renovación de los contratos de alquiler, los vecinos se organizaron y sindicaron para denunciar la situación y, sobre todo, intentar revertirla.

En los últimos meses, los inquilinos, asesorados (y cuidados, algo importante en este tipo de situaciones) por el Sindicat de Llogateres y la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, han organizado multitud de acciones y este jueves su caso llegará al pleno del distrito, que aprobará una resolución en la que se exige a Lioness Inversiones -la actual propiedad- a que acepte una negociación con el vecindario de Casa Orsola y renueve los contratos de alquiler.

Los vecinos han convocado una pequeña concentración a las puertas de la sede del distrito a las seis y media de la tarde de este jueves, hora en que comienza el pleno. Calculan que la lectura y votación de la resolución se hará a hacia las siete de la tarde y dan por hecho que la resolución será favorable ya que tienen comprometidos los votos de los dos partidos de gobierno (Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya) y de Esquerra Republicana de Catalunya.

Acuerdos incumplidos

Desde el Sindicat de Llogateres insisten en que esta nueva medida de presión llega "después de que la semana pasada, Lioness Inversiones volviera a boicotear el pacto de negociación al que se había llegado el miércoles 27 a raíz de una acción en sus oficinas". Además de los citados grupos de vivienda, el vecindario de Casa Orsola cuenta con el apoyo de una cincuentena de entidades del barrio y de toda Barcelona.

A principios de marzo de este año una concurrida manifestación recorrió las calles del distrito para exigir diálogo a la propiedad.

"La situación es muy dura para el vecindario, que llevan mucho tiempo compartiendo escalera y están viendo cómo la estrategia empresarial consiste en expulsar a familias de sus hogares para dejar viviendas vacías y hacer alquileres de temporada a precios de lujo", señala el grupo de apoyo a los vecinos en un comunicado en el que subrayan que actualmente, "ya hay dos hogares y el local comercial de los bajos fuera de contrato, y durante los próximos meses se finaliza el contrato de otras familias".

La resolución que se aprobará este jueves cita "la protección jurídica del derecho a la vivienda recogida en el artículo 47 en la Constitución Española". El texto que se aprobará este jueves destaca también la urgencia de la negociación, "dada la necesidad del vecindario de enmarcar las negociaciones con la propiedad dentro de los plazos que marcan los contratos vigentes" e insta a la propiedad a renovar los contratos.