Barcelona rehabilitará la finca de un inversor a cambio de hacerla social

La dureza de haber pasado el confinamiento en una finca con un nivel de degradación como al que ha llegado la levantada en el número 15 de la calle de Sant Climent es inenarrable. Aguas fecales que bajan por la escalera, paredes roídas por las humedades y grietas que quitan el sueño. "Están viviendo en una cueva", denuncia Anna Moreno, miembro de la plataforma vecinal Raval Rebel, que lleva varios años arropando a los vecinos de esta ajada finca, por un lado, y achuchando al ayuntamiento para que tome cartas en el asunto por el otro.

Tras años de negociaciones con el inversor que compró la finca en 2016, tiempo en el que sus habitantes han soportado unas condiciones de vida deplorables, finalmente han llegado a un acuerdo. El Ayuntamiento de Barcelona ha pactado con la propiedad hacerse cargo de las imprescindibles y urgentes obras de reforma a cambio de la cesión de las plantas que ahora están libres: el entresuelo y el cuarto, que irán a la mesa de emergencia, y de uno de los locales de los bajos, que entrarán en el proyecto de bajos de protección oficial. Además, a las cuatro familias que resisten en el edificio se acuerda formalizarles un alquiler no superior a 250 euros mensuales.

El consistorio, y así se recoge en el pacto, calcula que las obras tendrán un coste de 266.027,28 euros y la cesión durará el tiempo necesario para amortizar la inversión, que irá de 11 a 15 años. Moreno celebra que, al fin, se haya llegado a un acuerdo, que subraya no habría sido posible sin la presión de los vecinos y de los grupos de apoyo. Eso sí, juzga "absolutamente insuficiente", la cantidad presupuestada, dada la situación en la que se encuentran las viviendas.

Los inquilinos dejaron de pagar en el 2016 para presionar la propiedad para una reforma que no llegó. Lo hicieron las órdenes de desahucio.

La consejera técnica de Ciutat Vella, Natàlia Martínez, se muestra satisfecha con el costoso acuerdo, que permitirá no solo evitar la expulsión de los vecinos sino también dignificar sus condiciones de vida. En cuanto a lo escaso del presupuesto, apunta que se trata de un "cálculo inicial" y que el acuerdo ofrece un margen. Si finalmente la obra es más cara la cesión será más larga.

De desahucios y multas

Martínez apunta que llegan al caso a finales de 2018, cuando reciben el primer desahucio. Al acudir a la finca para mediar e intentar evitar ese primer desahucio se dan cuenta de los evidentes problemas de conservación. Inician entonces una ardua negociación que en un primer momento pasa por sortear el expediente sancionador por el mal estado del edificio a cambio de detener las ordenes de desahucio iniciadas.

De las cuatro familias que actualmente residen en el edificio, y que seguirán haciéndolo tras la presente firma, tres tenían contratos de alquiler vigentes en el momento de la compra del edificio por el inversor. Tras la venta y vista la irresponsabilidad de la propiedad para con su adquisición, los inquilinos dejaron de pagar como método de presión para lograr una reforma todavía pendiente. En vez de lograr un cambio de actitud por parte de la propiedad, lo que fueron recibiendo fueron distintas órdenes de desahucio.

El 24 de octubre del 2019, los vecinos ocuparon junto a Raval Rebel la oficina de vivienda del distrito para exigir una reunión que llevaban 100 días esperando, según recordaban los carteles que mostraban. A los días lograron esa reunión y se activó una negociación que quedó parada meses después con el estallido de la pandemia, que les obligó a encerrarse durante meses en sus precarias viviendas.

Un año por delante

En cuanto al calendario, la consejera técnica explica que un preacuerdo anterior con la propiedad ha permitido ya iniciar "unas pequeñas acciones paliativas en la finca por una cuestión de salubridad". "A partir de ahora nos hemos fijado un periodo de un año de obras. La previsión es licitarlas cuanto antes y prevemos que el primer semestre de 2023 la obra tendría que estar finalizada", concluye.

La idea es arreglar primero uno de los pisos vacíos para que sirva para acoger a las distintas familias mientras se van haciendo las reformas de sus respectivas viviendas para que no tengan que abandonar la finca -ni el barrio- en ningún momento.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el consistorio barcelonés, y el distrito de Ciutat Vella en particular, llega a un acuerdo de este tipo con algún fondo de inversión para evitar que la venta de fincas enteras expulse al vecindario. Uno de los primeros casos fue el de Hospital, 99, también en el Raval cuando la ciudad pactó con el todopoderoso Blackstone la regularización de seis de los nueve pisos okupados en el edificio. Y en Comte de Santa Clara 80-84, un acuerdo idéntico al de Sant Climent formalizará en breve la cesión de otras 14 viviendas.

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