Islamofobia
El fiscal pide hasta 10 años de cárcel por el hostigamiento ultraderechista a una mezquita en BCN
El fiscal atribuye a los acusados, miembros de Democracia Nacional, coacciones, amenazas, lesiones y un delito de odio
Reclama que los extremistas abonen una indemnización de 30.000 euros a las personas a las que perjudicó
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Toni Sust
Periodista
Escribo sobre el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad desde 2016. Antes lo hice sobre Política social (2011-2016) y sobre Política catalana y española (2001-2011).
Profesor asociado de Periodismo en la UPF.
J. G. Albalat / T. Sust
Un grupo de ultraderechistas empezó en marzo del 2017 una campaña contra la mezquita que iba a abrirse en la calle de Japó, en Nou Barris. La campaña se mantuvo y el grupo hostigó a asistentes a la mezquita. La emprendieron con el local y con quienes acudían a él a rezar. Hicieron pintadas islamófobas en la persiana de la entrada del local, que también dañaron, impidiendo que pudiera cerrar bien.
Colocaron carne y embutidos de cerdo en la entrada para incomodar al colectivo musulmán, arrojaron pintura, amenazaron a algunos asistentes y a manifestantes que apoyaban al centro religioso y llegaron a golpearlos. Se mezclaron entre algunos vecinos contrarios a la mezquita para manipularlos y vertieron varias de sus expresiones de odio en mensajes colgados en sus cuentas de las redes sociales.
Por todos estos hechos, el fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, solicita para los acusados hasta 10 años de prisión, la pena más elevada que reclama, que corresponde a Alberto B., considerado líder de Democracia Nacional, formación de extrema derecha a la que estaban vinculados los acusados, algunos de los cuales integraban la rama juvenil. En total, son 15 los acusados por el fiscal.
Orden de alejamiento
En su escrito, el fiscal les atribute coacciones, amenazas graves, lesiones y un delito de odio. Alberto B, está acusado por todos los delitos, siendo el único señalado por amenazas graves y lesiones. Por las coacciones, el fiscal pide tres años de cárcel para 13 acusados y cuatro para Alberto B., además de que no se puedan acercar a menos de 1.000 metros de la instalación. Solicita 18 meses por cada una de las dos acusaciones de amenazas graves, que también recaen en el líder del grupo. Por un delito leve de lesiones y maltrato reclama dos meses de multa, también a Alberto B, para el que en este apartado solicita que no pueda acercarse a las personas a las que atacó. Finalmente, cinco acusados reciben la petición de tres años de cárcel por un delito de odio.
Pancartas y pintura
Algunas de las acciones del grupo consistían en la colocación de adhesivos en la fachada del local en contra de la apertura del centro de culto: ‘Mezquita no, Esta es nuestra tierra y vamos a defenderla’. ‘Seis millones de parados, seis millones a su casa, recuperemos nuestro país’. Entre las pintadas en la entrada emplearon una que incluye las siglas de la rama juvenil de Democracia Nacional: ‘España cristiana, no musulmana-DNJ’. También bloquearon la cerradura del local con cola y silicona. Los hechos fueron denunciados en su día por el vicepresidente de la comunidad islámica de Nou Barris y el imán.
El fiscal argumenta en el escrito en el que solicita las penas, que los acusados aprovecharon el contexto del temor a atentados islamistas, en un momento en el que la alerta terrorista era elevada, para atizar el miedo y el rechazo a la mezquita.
El ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial, ha celebrado peticiones del fiscal. “Celebramos que la fiscalía haya reconocido la hipótesis con que trabajaba el ayuntamiento, que no se trataba de hechos aislados, ni de daños concretos, sino de una operación orquestada de acoso contra la apertura de un centro de culto, con la gravedad de intentar impedir ejercer un derecho fundamental, el de la libertad de culto”.
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