El aumento de ocupaciones en Barcelona pone en alerta a los vecindarios

Con la provincia de Barcelona a la cabeza de los índices de ocupación ilegal de viviendas y el temor a algunos efectos secundarios del reciente decreto de vivienda del Govern, miles de propietarios (desde grandes tenedores a modestos particulares) están en alerta por el temor a una usurpación conflictiva no ya de sus propios domicilios o propiedades, sino de cualquier espacio en su propia finca que pueda poner en jaque la convivencia. La ciudad exhibe como nunca locales vacíos tapiados con ladrillo visto u hormigón ante el auge de ocupaciones en muchos bajos comerciales. También proliferan las cámaras (incluso rudimentarias), alarmas y distintos protocolos de aviso entre las comunidades de vecinos.

Contextualizando ese miedo con datos del Ministerio del Interior, cabe recordar que Catalunya registró 6.688 ocupaciones denunciadas en el 2019. La provincia de Barcelona (5.101) se lleva la palma con casi 18.850 acumuladas del 2013 al 2019 y el mayor índice de la península: al menos 66 cada 10.000 viviendas y un aumento sin tregua en los últimos años. Otros muchos no se denuncian porque se resuelven con empresas de desocupación fuera de la ley.

Una calle de Sants suma 20 meses con graves  problemas de convivencia por la usurpación de dos bajos comerciales

A ese riesgo, que no ha logrado frenar el proceso civil que desde el 2018 permite acelerar la recuperación de inmuebles en el caso de personas físicas (representan el 25% de la estadística), se suma ahora la polémica por algunas consecuencias de los decretos ley 17/2019 y 1/2020 sobre vivienda del Govern (ver despiece). 

Óscar Gorgue, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona lo critica afirmando que se ha «legalizado la ocupación», y relata que es común que un proceso de recuperación de vivienda suponga hasta dos años de espera. Considera que el tipo de ocupación emergente (que va mucho más allá de la que se produjo durante la crisis) se ha profesionalizado y «sabe cómo evitar un desalojo». El colectivo, que junto a promotores, API y administradores ha emitido un comunicado al respecto, enfatiza a este diario que la amenaza no es ya para pisos o locales vacíos, sino también para propietarios que no residen permanentemente o viajan mucho.

Problema de convivencia

Los administradores de fincas relatan que las ocupaciones se han convertido en problema de primer orden en las fincas. Si se trata de casos de necesidad, el único problema suele ser la falta de pago en las cuotas comunitarias, que deben asumir los otros residentes. No obstante, muchas comunidades se muestran solidarias con estas familias en situación de riesgo y ante el disparado precio de los alquileres. 

Pero el conflicto que ahora desvela a propietarios y vecinos, y cada vez más común, es el de las ocupaciones que esconden fines delictivos (como en los narcopisos, o para personas que viven de los robos) o porque se gestionen a partir de mafias y afecten gravemente a la convivencia. Los ejemplos ayudan a ilustrar esa psicosis. 

En un bloque de la calle de Llobet i Vall-llosera, en Horta-Guinardó, los vecinos lograron abortar el otro día una ocupación cuando unos individuos iban a cambiar el paño de una puerta. Esas llaves hubieran cotizado al rato al menos a 400 euros, sin saber en qué manos caerían. Ahora los residentes se han organizado para detectar movimientos sospechosos, mientras se plantean instalar alarmas. No era un piso vacío, sino cuyo propietario que vive meses fuera. 

En la calle de Miquel Àngel, en Sants, el vecindario sufre desde hace nada menos que 20 meses el infierno de una ocupación muy problemática de dos bajos comerciales que empezó con ese trapicheo de llaves, como avanzó este diario el pasado verano. Como dictan algunos manuales online de ocupación, el primer morador exhibió un niño pequeño en cuanto llegaron los mosos, lo que impidió la recuperación inmediata del inmueble. Ese menor desapareció al poco. 

Carles, portavoz de los vecinos, señala que conviven con un problema múltiple: de delincuencia (los hasta 10 ocupantes, de origen extranjero y en rotación, realizan robos en el barrio y luego se refugian en esos bajos de los números 92 a 100), de orden público (son frecuentes las peleas y gritos), de seguridad (ha habido al menos dos incendios al quemar en el inmueble el plástico que retiran para sacar el cobre de cable robado, según les explicaron los bomberos) y sanitarios. Y es que a falta de lavabos los ocupantes orinan todo el día en los párquings colindantes, cuyos residentes han tenido que sufragar e instalar sensores de luz disuasorios ante el tremendo hedor. Otro aroma que inunda las fincas es el de marihuana.

Los Mossos confirman que han realizado detenciones de varios delincuentes que se alojan en el edificio cuando han cometido robos o hurtos en el exterior. La policía también ha tenido que intervenir en peleas en la calle, aunque nunca en su interior. Fuentes de Banc Sabadell informan que los locales fueron de Solvia hasta el pasado diciembre, cuando se vendieron a Cerberus, aunque el juzgado ya ha notificado a los moradores el proceso, y se está a la espera de alzamiento.

Medidas extraordinarias

Gorgue apunta que vistas las limitaciones judiciales, la mejor herramienta es la prevención. «Tomar el máximo de medidas para evitarlo», apunta. No hay cifras globales, pero sí muchos indicios de esta operativa. Una empresa de puertas metálicas blindadas señala a este diario que las ventas se han disparado en los últimos años, como ha sucedido con las alarmas, producto estrella ya no solo para segundas residencias sino en Barcelona,  que algunas marcas sofistican con detector de vibración en puertas o emisores de humo para hacer huir a los intrusos y que alertan a la policía para evitar ocupaciones. Sistemas que conviven con cámaras asequibles que muchos particulares compran por internet y simplemente vinculan a sus teléfonos móviles.

Algunos okupas recurren a trucos   recurren a trucos como pedir pizzas al domicilio a usurpar para fingir que ya vivían allí

Pero acaso lo más visible sean los muros de ladrillo o cemento para blindar bajos, desde la ronda de Sant Pau hasta locales nuevos en el Poblenou, pasando por toda Barcelona. La abogada especialista en derecho inmobiliario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) Cristina Vallejo teme que muchos particulares (personas físicas) «aún desconozcan» la vía rápida que permite la denuncia civil con proceso cautelarísimo que obliga al ocupante ilegal a presentar documentación que acredite la vivienda en un plazo de cinco días. Un proceso que no sirve para empresas y que convierte a los activos de bancos en el blanco favorito de la ocupación, pese a que  afecten a grandes vecindarios.

Tampoco es fácil combatir la picaresca. La ocupación profesional se vale de artimañas como pedir pizzas desde una dirección  días antes de esa usurpación para tratar de demostrar que llevaban días allí si les pillaran nada más colarse.