Los vecinos paralizan el desahucio de Manuela, símbolo del Gòtic

En una de las fachadas de la poco amable calle de Obradors, varios retratos pintados a mano, huella de la solidaridad vecinal vivida en este escondido rincón del centro de la ciudad durante los últimos días. La protagonista de la mayoría de ellos, muy reconocible, esManuela, una mujer de 71 años y pelo canoso recogido en una coleta a quien ayer, al fin, se le dibujó una sonrisa de agradecimiento y alivio en el cara. Tras diez días de nervios -la orden de desahucio que pesaba sobre su casa era abierta y la comitiva judicial podía llegar en cualquier momento-, podía respirar tranquila. La tozudez del vecindario de un Gòtic herido de muerte como barrio, pero aún vivo y en pie, logró parar el desahucio de esta vecina, todo un mito, uno de los 18 programados en la capital catalana para la mañana de ayer; y uno de los dos con fecha abierta.

El caso de Manuela se había convertido en un símbolo de resistencia en el Gòtic, ya que representa un barrio en vías de extinción. "¡Viva la lucha la clase obrera", fue uno de los cánticos que se oyó en la celebración de la paralización del desahucio; precedido por muy significativas consignas de solidaridad como "Manuela, escucha, tu lucha es mi lucha" o "Si Manuela no lucha, nadie la escucha". 

La vida de esta mujer conocida por todos por pasar largas horas sentada en su característica silla con su bastón en la esquina con Escudellers, se puede definir con muchos adjetivos menos con el de sencilla. Tras acercarse a la asamblea de Resistim al Gòtic, ya en una situación muy precaria -vive en un piso sin baño y hacía siete años que no iba al médico- acudió a los servicios sociales y su caso fue aprobado en la mesa de emergencia. Es una de las 600 familias en la lista de espera para un piso social. 

Manuela no pide quedarse en el piso en el que vive desde hace 12 años, con un contrato a nombre de su hijo, ahora en prisión, y con un proceso judicial abierto por impago del alquiler desde hace tres años. Pide tiempo hasta que el piso social que tiene aprobado en el barrio llegue. A su hija la desahuciaron del mismo edificio y la realojaron en Ciutat Meridiana. Si a Manuela le hacen eso, la matan, asegura. Lleva toda su vida en este barrio, donde, para levantar a sus siete hijos, "menos robar y traficar" ha hecho de todo.

El propietario de la vivienda defiende que el ayuntamiento ha tenido tres años para buscarle un piso social y que es este el que debe responsabilizarse. 

Respuesta municipal

Ante la cadena de desahucios y de intentos de desahucio de este jueves -se ejecutaron tres, se aplazaron 12, se suspendieron dos y uno terminó con la entrega de llaves- Lucía Martín, la concejala de vivienda de la capital catalana y una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca junto a la alcaldesa, urgió a la Generalitat a modificar la la ley 24/2015 "para asegurarnos de que los propietarios estén obligados a hacer contratos de alquiler a las familias vulnerables". "Es inadmisible que estos grandes propietarios, que muchas veces logran rebajas en la compra de edificios precisamente porque están ocupados, después tengan todas las necesidades del mundo para poder desahuciar a estas familias", señaló Martín, quien aseguró que ya han trasladado formalmente esta petición al gobierno de la Generalitat en el marco de las negociaciones del nuevo decreto del alquiler.

Martín mostró también su "rechazo y preocupación" por las "desproporcionadas actuaciones de los Mossos d’Esquadra". "Una cosa es que los Mossos tengan que cumplir una orden judicial y acudan a los desahucios, y otra enviar dispositivos absolutamente desproporcionados de antidisturbios a desahuciar a familias vulnerables", criticó antes de denunciar por enésima vez los desahucios abiertos, como el de Manuela, "una práctica que vulnera todos los derechos de las familias vulnerables y dificulta el trabajo tanto de los servicios sociales".

"Dispositivos desproporcionados"

La propia alcaldesa también criticó en un tuit que "en Barcelona necesitamos Mossos para muchas tareas de seguridad. No entendemos por qué Buch prioriza dispositivos desproporcionados para desahuciar a familias vulnerables, haciendo el trabajo sucio a fondos buitre. Instamos al gobierno a impulsar la mediación en casos como este: una madre con dos criaturas". 

La madre a la que cita Colau es Tamara, una mujer en paro y con dos hijas a su cargo de seis y un año cuyo desahucio, en el que hubo cargas policiales, fue uno de los que sí se llegó a producirse ayer. Allí, en el 6 de Sant Bartomeu, la policía tuvo más fuerza que los movimientos en derecho a la vivienda, desbordados por el número de desahucios de forma simultánea. 

Las personas que se concentraron frente a la que hasta ayer era la vivienda de Tamara no solo no pudieron evitar su desalojo, sino que fueron golpeadas durante las cargas policiales.

De un fondo buitre

Tamara y sus hijas vivían en esta vivienda propiedad de una sociedad llamada Ran Buchstein desde hacía tres meses. Según explicó Joana Sales, la portavoz del Sindicat d’Habitatge del Raval, se trata de "un fondo buitre israelí que pretende echar a los vecinos del barrio y alquilar las viviendas a precios desorbitados". Desde el sindicato denunciaron que este desalojo se llevó a cabo antes de que finalizaran las negociaciones con dicha sociedad y "solo diez días antes de que los servicios sociales municipales realizaran el informe sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la familia".

Durante las cargas, un periodista fue agredido hasta tres veces por parte de uno de los agentes pese a llevar el brazalete de prensa bien visible. El joven recibió golpes en el estómago, en la pierna y en el costado. Después de la agresión, el agente le identificó y le comunicó que recibirá una denuncia por desobediencia y altercados, según el afectado.

Seis familias a salvo

Los vecinos sí lograron parar horas antes, el desahucio, también icónico, de las seis familias que viven en la calle de Lleida, en un bloque propiedad de Vauras Investment SL ocupado por los movimientos en defensa de la vivienda del Poble Sec poco después de ser adquirido por el fondo de inversión internacional, hace dos años. 

"La ocupación de estos pisos representó un acto de protesta y también político. En una ciudad donde el derecho a la vivienda no está garantizado, donde los poderes políticos no toman su responsabilidad, hay un vacío. Y este vacío lo han llenado las familias tomando lo que es suyo: la vivienda. El barrio es nuestro, no de estos especuladores que pretenden echarnos", aseguraba el portavoz del Sindicat de barri del Poble Sec, Silvio Covolo, tras lograr parar el desahucio de las seis familias con niños pequeños que actualmente viven en el edificio, que bautizaron como Bloc Llavors, después de varias horas de resistencia y de varias cargas policiales.