Los 70 carteristas del Metro habían sido sorprendidos hurtando 800 veces

Dispositivo policial en el metro de Barcelona.

Dispositivo policial en el metro de Barcelona. / periodico

Guillem Sànchez

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El primer despliegue del operativo policial Draga contra los carteristas reincidentes en el metro de Barcelona se saldó con la localización entre las 13.00 horas y las 15.00 horas de 70 ladrones habituales que actúan en el tren suburbano. En suma, según el recuento que la policía catalana ha hecho público este miércoles, esta setentena de personas ha sido sorprendida hurtando en este transporte casi 800 veces. 

Los datos de los Mossos d'Esquadra, recogidos por los agentes del Área de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) que trabajan en el metro, muestran que estos 70 carteristas han sido descubiertos por delitos de hurto grave 185 veces y por delitos de hurto leves 667 veces. Un delito de hurto pasa a ser considerado grave, y en consecuencia acaba en un arresto policial, cuando el objeto sustraído supera los 400 euros de valor. El más hiperactivo ha sido detenido en 11 ocasiones y ha recibido 86 multas. 

El Draga montado por los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ayer martes -entre las estaciones de la Línea 5 (azul) de la Sagrada Família y la Diagonal- consistió en poner en ambas paradas un filtro policial para identificar a ladrones habituales que se encontraran en ese tramo.

El objetivo del Draga era, siempre según fuentes policiales tanto de los Mossos como del CNP, revisar la situación legal de cada uno de los reincidentes. Para averiguar si tenían órdenes de detención pendientes, o si habían incumplido órdenes de alejamiento o, también, si se encontraban en situación irregular

Esta última medida no ha estado exenta de polémica dado que algunas entidades como Iridia (Centro de Defensa de Derechos Humanos) consideran que la selección de los policías respondía a un criterio "de perfil racial". Algo que, según recuerda el colectivo, iría en contra de la resolución del Comitè de Derechos Humanos de la ONU en 2009 porque dictaminó que las "características física o étnicas" no pueden ser "un indicio para identificar". 

Desde los Mossos y desde el CNP se niega que ninguno de los sospechosos inspeccionados ayer lo fuera por ser "extranjero". El único criterio que se siguió para conducir a los identificados hasta el filtro policial, mantienen, es el de los agentes de la ASTMET, que son quienes los reconocieron porque son carteristas reincidentes y se encontraban en esa zona -entre Diagonal y Sagrada Família-. Los Mossos, que han dado el total de delitos cometidos por los 70 identificados este miércoles al mediodía, han añadido horas más tarde que prefieren no especificar qué porcentaje de estos tenía antecedentes policiales y limitarse a remarcar que "la mayoría los tenía" y que fueron identificados siguiendo "criterios policiales". 

El operativo finalizó sin encontrar a ninguno de los 221 carteristas que actualmente en Barcelona tienen una orden judicial de alejamiento que les prohíbe entrar en el tren suburbano. Algo que demuestra, para los policías, la efectividad de este tipo de órdenes.  

16 expedientes de expulsión

De los 70 carteristas identificados se hallaron una treintena de extracomunitarios que se encontraban en situación irregular. De esta treintena, 22 fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional en la Verneda. Este miércoles, fuentes policiales, han explicado que para 16 de ellos se solicitará el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Finalmente el juez de guardia ha ordenado que 11 de los arrestados ingresen en las instalaciones de la Zona Franca.

El Ministerio de Asuntos Exteriores podría comenzar en breve los trámites para deportarlos. Para decidir si son o no expulsables se valoran factores como su arraigo en España, que las causas que tienen pendientes no sean muy graves (como un homicidio o una agresión sexual) o que provengan de un estado que los reconoce y admite su regreso. El proceso de retorno debe finalizar antes de los 60 días. Si superado ese tiempo de internamiento, el máximo permitido por la ley, no han sido expulsados, deben quedar en libertad. 

Los internos en proceso de expulsión tienen derecho a presentar recursos contra la decisión judicial.