Las agencias inmobiliarias se duplican en Barcelona en apenas cuatro años

Mientras Barcelona busca fórmulas para ampliar su pírrico parque de pisos protegidos o para evitar los trapicheos de quienes tuvieron la suerte de acceder a uno, el mercado convencional de la vivienda libre de segunda mano vive una nueva efervescencia que colateralmente está transformando la fisonomía de las calles comerciales. Allí donde un pequeño negocio pincha o donde un local estaba en traspaso, aflora una agencia inmobiliaria. Basta un pequeño escaparate para que se asome una oferta (muchas veces exigua) de pisos en venta y alquiler en la ciudad española donde más se han acelerado los precios en los últimos años. En la actualidad el registro de la Agència de l'Habitatge de Catalunya suma solo en la capital catalana 2.115 agentes inmobiliarios (2.109 hasta diciembre), que casi cuatriplican las cifras del 2010 (cuando debutó este censo) y doblan las de hace cuatro años.

El fenómeno no es exclusivo de la capital catalana, sino de todo el territorio, donde aun siendo menos acelerado, en ocho años las plataformas del negocio casi se han triplicado hasta sumar 6.766.  A nivel provincial, Barcelona ha pasado de los 1.624 agentes en el 2010 a los 4.772 al cierre del 2018 (una docena más en la primera semana de este año). Unas cifras que no son del todo equivalentes a agencias inmobiliarias, ya que un mismo agente puede ser titular de más de una sede o franquicia y algunas actividades online se ejercen desde oficinas registradas que no están a pie de calle.

Los precios de venta de vivienda subirán a menor ritmo y el alquiler se estabilizará este 2019 en Barcelona

El sector advierte de que la oferta de viviendas en venta es escasa en comparación con el volumen de negocios inmobiliarios

Pero ese auge devuelve un perfil a muchas calles similar al de la etapa de la burbuja inmobiliaria, cuando proliferaron sin tregua las agencias de todo tamaño. Vuelven a brotar en todos los barrios, aunque su concentración destaca en zonas como el Eixample, según datos de la consultora Eixos.  No hay datos certeros sobre esta etapa sin regulación, porque el Govern todavía no había impulsado el registro obligatorio de la actividad, que ha posibilitado la protección del consumidor y una mayor profesionalización de la actividad, al establecer requisitos económicos, garantías y seguros por parte de los titulares del negocio, así como una formación específica de 200 horas. No obstante, Joan Ollé, presidente de la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, cree que las cifras se acercan mucho a las del 2007. 

¿Hay sobredosis de negocios inmobiliarios? Los profesionales advierten de que un crecimiento rápido se suele acompañar de una pérdida de calidad por parte de quienes irrumpen con afán de hacer negocio rápido en una ciudad tan demandada como Barcelona, pero no de permanecer en el sector a medio plazo, con lo cual su principal vocación no siempre es la excelencia en el servicio. "Cuando las ventas vuelvan a bajar dos de cada tres cerrarán", vaticina la misma fuente.

Xavier Roig, director de atención ciudadana de la Agència de l'Habitatge  y responsable de la gestión del registro, valora esta herramienta como imprescindible para dar seguridad al ciudadano. A primera vista es posible ver si una oficina luce su número de registro. "Lo importante no es cuántas oficinas se abran si no que todos cumplan con la normativa", explica a este diario.

Otra cosa es que para nutrir esas oficinas de comerciales se recurra a personal poco experimentado, que no sepa ni que edificios son susceptibles de padecer aluminosis, o aparezca sin información sobre la inspección técnica del edificio.

Poca cartera

Mientras tanto, cabe el riesgo añadido, ironiza Ollé, de que casi haya más vendedores que pisos por vender. Cada agente debe previamente captar las viviendas disponibles. Una lucha abierta que se vuelve a traducir en mensajes manuscritos en los buzones de muchos barceloneses donde un supuesto particular se ofrece a  comprar. 

En este marco aparecen nuevas marcas y algunos de las grandes inmobiliarias reactivan su expansión. Aunque los hay prudentes. La directora y cofundadora de Fincas Blanco, Mercedes Blanco, ha aprendido a fuerza de la experiencia de 25 años a "redimensionar el negocio". En el 2007 tenían 27 agencias que con la crisis se quedaron en 13. El año pasado abrieron una pese a que las ventas siguen creciendo. Opta por la especialización en algunos barrios de Barcelona y el primer cinturón. Coincide en que actualmente "el producto (inmobiliario) escasea en comparación con una mayor demanda y un comprador muy activo, lo que hace la venta más complicada" 

En una misma manzana de Sants, por poner un ejemplo, se llegan a contabilizar cuatro agencias. Es fácil que un inmueble figure en diversos escaparates porque cada vez son menos los que exigen exclusivas, con tal de hacerse con más cartera de producto. No es de extrañar, el repunte de los precios -el metro cuadrado en la ciudad se ofertaba a una media de 4.344 euros el pasado diciembre, según el macro portal inmobiliarilo Idealista.com, tras haber tocado fondo en su serie en enero del 2014 (2.977 euros)- también amplía los beneficios, que se tarifican normalmente por comisiones del 3 al 6% del precio de venta. Otros se mueven por franjas de precio. Para una operación de 600.000 euros se llegan a comisionar más de 40.000, circunstancia que ha hecho irrumpir con fuerza en la ciudad las 'agencias' online "sin comisión" que ayudan a la venta con distintas herramientas (anuncios, contactos y papeleo) pero que dejan que comprador y vendedor traten directamente y cobran una cuota fija por sus servicios.

En el bando del consumidor, al barcelonés que busca primera vivienda o cambio de residencia, o al inversor que luego alquilará hay que sumarle el comprador extranjero que muchas veces viene un par de días en la ciudad y elige una agencia para personalizar la búsqueda y realizar una ruta rápida entre una selección.  Las quejas a la Administración sobre el sector se tramitan desde Consum, aunque Roig apunta que muchas las realizan los propios agentes que aprecian situaciones irregulares en la competencia, mientras que el comprador suele elegir la vía judicial para eventuales reclamaciones.