la polémica del 'top manta'
Terrazas antimanteros en el Palau de Mar
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Terrazas del Palau de mar / ALVARO MONGE
“Al llegar nos hemos encontrado con todo el paseo ocupado”, decía Demba mientras descargaba los pesados fardos que llevaba a cuestas. “Nosotros solo queremos ganarnos la vida. ¿Por qué nos lo ponen tan difícil?”, se preguntaba Mohamed. Son los testimonios de manteros subsaharianos que tuvieron que abandonar “su lugar de trabajo” en el Palau de Mar, concretamente el paso de casi 200 metros cuadrados que hay entre el Museu d’Història de Catalunya y el Port Vell, después de que los restauradores de la zona hayan logrado instalar una segunda franja de terrazas donde antes exponían su mercancía. El permiso para llevar a cabo dicha ocupación del espacio público a base de sillas, mesas y jardineras, que se hizo efectivo hace una semana, fue concedido por la autoridad portuaria de Barcelona tras un trámite que ha durado todo el verano en respuesta a las quejas de vecinos y comerciantes –atribuyen a la venta ambulante una pérdida de hasta el 40% de sus ingresos– que se han ido acumulando en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau.
Miembros de la asociación de restauradores del Palau de Mar aseguran que “son un sector muy sensible al estado de la calle”. Ese es uno de los motivos por los cuales presentaron a principios del 2018 un plan para “hacer un lavado de cara” al paseo donde regentan sus negocios. “El proyecto fue valorado por el Puerto de Barcelona, quien finalmente aceptó la propuesta como posible solución a la presencia constante de vendedores ambulantes en la zona”, explica la jefa de prensa del Puerto de Barcelona, Laura Domingo, quien señala que los comercios pagarán una tasa por la utilización del espacio portuario.
En colaboración con el ayuntamiento
A pesar de que la decisión final de ampliar las terrazas de los negocios del Palau de Mar recae en las autoridades del Puerto de Barcelona, el gobierno de Colau ha estado informado en todo momento de la propuesta que se pretendía llevar a cabo. Las autoridades portuarias mantienen una relación de colaboración con la alcaldía, por lo que ambas partes han sido conscientes, en todo momento, de cómo se iba a proceder.
“El espacio público debe estar a disposición de toda la ciudadanía, y hay que garantizar que no sea ocupado de forma abusiva por ninguna actividad”, responden fuentes municipales cuando se les pregunta por los manteros. Por otro lado, desde el consistorio llevan tiempo insistiendo en que no quieren criminalizar la pobreza. Es por eso que, aseguran, están inmersos en la “búsqueda de planes de ocupación y acuerdos políticos que permitan incluir a los manteros de forma efectiva en la legalidad”.
Sin embargo, estos planes no están revirtiendo la situación en las calles. Eso es lo que denuncian los comerciantes de otras zonas de Barcelona, quienes esperan iniciativas de mayor alcance y no “propuestas que beneficien solo a un par de establecimientos”.
Desplazamiento intraurbano
Entre tanto, los manteros siguen convirtiendo las aceras más concurridas de Barcelona en grandes zocos. Algunos emplazamientos, como el paseo de Joan de Borbó y los alrededores de la plaza de Catalunya, se vieron saturados durante los días de celebración de La Mercè. Allí se dirigieron los cerca de un centenar de manteros que solían ponerse frente al Palau de Mar. “No hay ningún tipo de prohibición –aseguran miembros de la policía portuaria que vigilan la zona–, pero las terrazas reducen el espacio y provocan un efecto disuasorio que les lleva a buscar otro lugar en el que vender”.
Los restauradores del Palau de Mar están encantados con el nuevo aspecto que luce el paseo. Sin embargo, lo que para unos significa recuperar las vistas y despejar la calle, otros lo ven como una instrumentalización de los manteros. “En determinados momentos, y más cuando hay procesos electorales, el ojo se pone en un fenómeno que tiene que ver con la pobreza, el racismo y la desigualdad, como si los inmigrantes fueran los enemigos número uno de la sociedad”, denuncia uno de los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, quien prefiere mantener el anonimato.
“Los beneficiarios de estas iniciativas son una vez más los comerciantes. Estas terrazas cotizan millones de euros al año. No son pequeños comercios. Hablamos de restaurantes con mucho prestigio. Que les regalen más espacio público nos parece una hipocresía total por parte de los gobernantes”, sentencia el portavoz.
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