CONFLICTO EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA
Archivada la denuncia de Barcelona contra FCC por el contrato de limpieza
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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado la investigación sobre presuntas irregularidades de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en Barcelona, que el Ayuntamiento le trasladó tras constatar un fraude que estimó en 3,3 millones de euros en el contrato de limpieza y recogida de residuos.
Fuentes del ayuntamiento han explicado que la fiscalía ha concluido que los hechos no constituyen un delito, pero no descarta que pudieran existir irregularidades contractuales, por lo que "la vía penal no sigue, pero sí la administrativa", que inició el consistorio al observar que se habían producido incumplimientos del contrato.
Sin perjuicio municipal, dice la empresa
Por su parte, FCC ha recibido con "satisfacción" la noticia del archivo y ha reiterado que "no existen indicios para considerar que se hubiese cometido delito alguno, puesto que no hubo voluntad de engañar" por parte de la concesionaria. Además, ha recordado, "no se produjo ningún perjuicio económico para el Ayuntamiento".
En un comunicado, FCC subraya que "no ha podido acreditarse que los servicios no se prestaran, como también reconocía la propia auditoría realizada por ese Ayuntamiento que advertía de la poca fiabilidad de la documentación que sirvió de base para la denuncia respecto de los servicios de limpieza", lo que ratificaría la versión dada por la empresa.
Opiniones precipitadas e injustificadas
Desde que se hizo pública la denuncia, mantiene FCC, esta prestó su "total colaboración y actuó con transparencia", realizando una investigación interna cuyas conclusiones fueron "compartidas con el Ayuntamiento". FCC lamenta que algunos miembros del consoistorio hayan realizado "manifestaciones y juicios de valor" durante algunos meses, manifestaciones "que se han demostrado precipitadas e injustificadas".
En este sentido, la firma responsable de la limpieza "confía en que un servicio tan esencial para la ciudad no se convierta en una plataforma mediática de carácter político", ha mantenido. Esta decisión de la Fiscalía se produce pocos días después de conocerse que en el caso de Badalona se ha archivado igualmente la denuncia.
Servicios no prestados o con menos personal
El gobierno de Ada Colau impuso a FCC el pago de siete millones de euros por incumplimiento del contrato, con dos millones por resarcimiento por los servicios no prestados y cinco de sanción, la máxima prevista por la normativa. La investigación municipal constató que de septiembre de 2013 a diciembre de 2015 la empresa certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con un número inferior de personas en la mitad de la zona de servicios de la cual es adjudicataria, en los distritos de Gràcia y el Eixample.
En 2014 alteró al menos 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de residuos voluminosos para evitar la aplicación de un precio unitario por tonelada recogida más bajo, y, como consecuencia, puede que se llevaran residuos a plantas de tratamiento no adecuadas, según la investigación.
Concluyó que ese mismo año se mezcló el 0,5% de los contenedores recogidos en la zona (1.863 contenedores) de envases con residuos de fracción restante o con residuos orgánicos con la intención de no superar los tramos por los que cobraría menos.
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