Ada Colau revisará la ordenanza de terrazas con criterios restrictivos
![Ada Colau, flanqueada por Laia Ortiz (izquierda) y Janet Sanz, este martes en la comisión mixta sobre desahucios en el Ayuntamiento de Barcelona.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/bfe96eb6-62ba-430f-bc58-f363e155a2d4_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Ada Colau, flanqueada por Laia Ortiz (izquierda) y Janet Sanz, este martes en la comisión mixta sobre desahucios en el Ayuntamiento de Barcelona. / periodico
El largo parto de la ordenanza de terrazas de bares y restaurantes implantada por el gobierno municipal de Xavier Trias podría volver a la casilla cero y con criterios aún más restrictivos. La alcaldesa Ada Colau quiere revisar «a fondo» la normativa para decidir qué actuaciones impulsar. Y anuncia su intención de «poner la vía pública al servicio de viandantes y vecinos» y que será «inflexible» con los incumplimientos. Un endurecimiento que asoma cuando el Gremi de Restauració ha pedido audiencia con la edila para plantearle una moratoria que paralice la reducción de espacio de hasta 2.200 terrazas (casi la mitad), como dictaminó el equipo de Trias por motivos de distancias.
A finales del pasado mayo EL PERIÓDICO avanzó que 469 terrazas tendrían que ser desmanteladas o hacer modificaciones severas, voluntaria o forzosamente, por distintos incumplimientos. Una veintena ya se habían retirado. Tras constatarse un 16,4% de casos de incumplimiento variado, se habían abierto 637 expedientes. Uno de los casos mayoritarios era no acatar las distancias, punto que según el gremio es incompatible con la supervivencia de numerosos negocios. Para una treintena de ejes singulares (de la Diagonal al paseo de Gràcia o la Rambla), la partida sigue abierta porque la norma tiene especificidades y se está pactando una por una.
Colau pone ahora en jaque una ordenanza que suscita controversia entre los que defienden más espacio público para el paseo y menos para los negocios, y los empresarios que apelan a las terrazas como principal fuente de facturación. Como ha sucedido con otros sectores económicos que le urgen a aclarar sus posiciones (el turístico y el comercio), los restauradores apremian a replantear casi la ordenanza. Una intención que ya tenía la alcaldesa pero en sentido más restrictivo. Según fuentes municipales, «Barcelona tiene una intensa vida en el espacio público» y el actual gobierno municipal quiere primar al peatón, defendiendo «criterios y normas que eviten una ocupación masiva».
Desde el consistorio, agregan que tras la inminente revisión de la ordenanza actual serán «muy exigentes con el cumplimiento de la norma y las características que determinan cómo han de ser los elementos de las terrazas, el mobiliario, las distancias» y demás. «Hoy en día hay aspectos que se incumplen y seremos inflexibles», dicen. En las ordenaciones singulares que están en distintas fases según las zonas (en la Diagonal se están estudiando las alegaciones), el equipo de Colau quiere «incluir a los vecinos en el proceso de definición normativa, que no puede ser arbitraria sino que debe tener en cuenta desde el primer minuto la visión de los residentes que son usuarios del espacio que se verá afectado».
CONCILIACIÓN
Su preeminencia por los vecinos resulta bastante difícil de casar con la demanda del sector de la restauración. Su director, Roger Pallarols, reclama a Colau una moratoria inmediata que evite un desmantelamiento masivo de terrazas en la época más lucrativa del año. Alude a los 66.000 puestos de trabajo de bares y restaurantes en la ciudad, parte de los cuales están directamente relacionados con atender el gran foco de negocio estival: los veladores. Pero el pulso es complejo, porque el gremio mantiene que los principales usuarios de las terrazas «no son los turistas, salvo en alguna calle, sino los miles de barceloneses que desayunan, comen, cenan» o se citan a la fresca. Al otro lado, la voz de alarma de vecinos de ejes como el Poble Sec o puntos del centro, saturados de mesas y sillas.
Pallarols afirma que según los datos que les aportó el ayuntamiento unas 2.200 terrazas se han de reducir o reubicar. El recorte se sitúa entre el 10% y el 70%, lo que para muchos negocios sería inasumible, según sostiene. El consistorio, siguiendo el proceso iniciado por Trias, está enviando notificaciones a los afectados, que deben acatar el cambio en un mes, o ignorarlo (perdiendo la renovación de licencia) o recurrirlo. El gremio atiende un aluvión de consultas jurídicas al respecto y pide «sensibilidad» hacia el sector, porque muchos afectados son negocios de barrio muy arraigados, ya que el ordenamiento pendiente de las calles más turísticas (singulares) no está incluido en esta criba.
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