Tiritas para la herida turística

Dio en el clavo Jordi Portabella cuando recordó ayer que el turismo es una industria, y que como tal debe ser tratado. Dijo el líder independentista que cualquier negocio ilegal es cerrado de inmediato, y que esa misma diligencia se echa de menos con los apartamentos clandestinos, quizá porque se trata de «un sector que no se ha tomado en serio». Industria o actividad económica, ahí radica tal vez el origen del problema que se ha generado en Barcelona en torno al turismo y que ha puesto sobre la mesa la revuelta vecinal de la Barceloneta.

El gobierno de Xavier Trias anunció ayer una batería de medidas para combatir las malas maneras de cuantos ven en los forasteros un modo rápido de hacer dinero. Entre muchas otras, se pasará de 60 a 120 inspectores, se incrementará la presencia policial en zonas calientes y se reclamará al Parlament modificar la ley que regula el sector de la vivienda de uso turístico para que la batalla contra la oferta furtiva no sea un laberinto burocrático. Tiritas para una herida de sangrado lento pero continuo, con el ojo puesto en las elecciones de mayo.

El ayuntamiento celebraba por la mañana una comisión extraordinaria en la que no cabía un alfiler. Algunas televisiones de ámbito estatal incluso se trajeron dos cámaras, cosa que en asuntos municipales sucede en contadísimas ocasiones. El guion era de sobra conocido, con un gobierno que traía bajo el brazo un plan para dar la sensación de control tras unas semanas de tensión social, y una oposición cargada de obuses dialécticos para poner en evidencia el desconocimiento de la realidad urbana por parte de CiU.

Los tenientes de alcalde de Economía y Hábitat Urbano, Sònia Recasens y Antoni Vives, ejercieron de escudo sin perder la compostura, ceñidos a la lección bien aprendida y agradeciendo las aportaciones en positivo. Sin salir del guion, desglosaron las más de 20 iniciativas destinadas a combatir el turismo de borrachera, de ahí que insistieran en que el debate no se centra en la cantidad de visitantes que

desembarcan cada año en la capital catalana, sino en la calidad de los mismos. El supuesto plan de choque fue recibido por el resto de grupos con cierto desdén. Hubo coincidencia en que la actitud del gobierno es reactiva, «a remolque de los acontecimientos», dijo el popular Eduardo Bolaños, cuando lo racional hubiera sido apostar por la prevención.

QUEJAS ATENDIDAS / Los socialistas llegaron a reclamar la dimisión de la concejala de Ciutat Vella, Mercè Homs (algo que en ningún caso sucederá) porque sus decisiones y su método de gestión «van en contra de los intereses del distrito». La edil defendió su trabajo y negó que haya habido «pasotismo o inacción» por su parte: «Ninguna denuncia ciudadana ha quedado sin respuesta».

Apareció, como no podía ser de otra manera, el reciente conflicto de Can Vies. Javier Mulleras (PP) dijo que la Barceloneta es «solo la punta del iceberg del problema de orden público que vive la ciudad», y aseguró que el problema de fondo no son los turistas, «sino la mala gestión por parte de CiU y la pasividad» a la hora de hacer cumplir las ordenanzas. Aportó un dato que Recasens negó: solo el 8% de las multas por incivismo se llegan a cobrar. Según Bolaños, lo que hay sobre la mesa, lo que genera esta «respuesta tardía», es un «grave problema de autoridad» que también se hizo carne, recordó, en la resolución, o no resolución, del conflicto que se vivió en junio tras el desalojo del edificio ocupado de Sants.

EL LÍMITE LEGAL / Vives avanzó que se incrementarán las inspecciones especiales en los distritos con mayor presencia de alojamiento para turistas y que los pisos que acumulen dos denuncias se expondrán a un expediente de retirada de licencia, algo que la ley (ver página siguiente) no pone nada fácil. «No se trata de criminalizar el sector, sino de hacerlo viable», zanjó. Ricard Gomà (ICV-EUiA) acusó a Trias de centrarse más en «viajar a Miami a ganar cruceristas que en escuchar a los vecinos», síntoma, dijo, de su «desconexión y desconocimiento de lo que pasa en la ciudad». Su colega de partido Janet Sanz preguntó a Recasens «en qué participan los no turistas en el diseño de la ciudad», y expresó serias dudas sobre las opciones de que la capital catalana tenga sitio para 10 millones de turistas al año en hoteles, ambicioso objetivo del Gremio de Hoteles que el gobierno de Xavier Trias no ve mal. Para ello será necesario descentralizar el turismo, y con ese fin todos los distritos han elaborado una guía de encantos locales que puedan atraer al visitante. Portabella aplaudió la medida, pero consideró que la reformulación de los horarios comerciales va en sentido contrario a este objetivo.