Cultura blinda más el complejo de Can Ricart

El mito del antiguo recinto fabril de Can Ricart, símbolo de las reclamaciones vecinales en favor de la protección del patrimonio industrial del Poblenou, se hizo ayer un poco más grande. El departamento de Cultura de la Generalitat informó del inicio del expediente para declarar este espacio industrial, original de mediados del siglo XIX, como bien cultural de interés nacional (Bcin), la máxima categoría de protección arquitectónica en Catalunya.

La declaración, largamente reivindicada por la plataforma ciudadana Salvem Can Ricart, aumenta el blindaje del conjunto, afectado por un plan de reforma urbanística del 22@, y calificado hasta ahora como bien cultural de interés local (Bcil), el nivel más alto de catalogación que puede dar el ayuntamiento.

La nueva situación no supondrá, según las partes implicadas, más naves y elementos arquitectónicos protegidos, en referencia al plan municipal aprobado definitivamente el 24 de noviembre del 2006, pero incrementará el control sobre los proyectos previstos por los propietarios privados del solar.

BUENA NOTICIA

"La apertura del expediente es una buena noticia, ya que dificultará a la propiedad actuar como más le interese", explicó ayer Manel Andreu, presidente de la Asociación de Vecinos del Poblenou.

Andreu recordó especialmente uno de los puntos del expediente en el que se especifica que "el volumen, la tipología, la morfología, el cromatismo y las intervenciones en los entornos de protección de los bienes inmuebles de interés nacional no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien". Según el dirigente vecinal, esta nueva premisa pone en duda la construcción prevista de varios edificios de oficinas de gran volumetría y hasta 13 plantas de altura alrededor de buena parte del recinto.

La concejala de Urbanismo, Assumpta Escarp, recibió la declaración "satisfactoriamente" y destacó que el expediente contemple la delimitación de un perímetro de protección en el interior del recinto para preservar los valores "ambientales, paisajísticos y culturales" del espacio. Esto implica que todas aquellas actuaciones que se quieran realizar en la zona deberán ser autorizadas previamente por la Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

Además, y durante los 18 meses que dure el proceso de tramitación del expediente, se suspende la concesión de licencias de parcelación, edificación o derribo en la zona afectada y se paralizan las que ya estaban aprobadas.