Desalojados 69 okupas y 'sin techo' del antiguo complejo Fabra i Coats

Un total de 69 personas, entre ellas 21 menores, fueron desalojadas ayer de una veintena de casas bajas de la antigua fábrica de Fabra i Coats, en Sant Andreu, en las que vivían ilegalmente desde hace un año o dos, según los casos. La mayoría de los evacuados son familias sin techo y solo unos pocos, jóvenes de estética okupa. El Ayuntamiento de Barcelona adquirió el recinto a la empresa Renta Corporación para hacer equipamientos y zona verde.

El desalojo, por orden judicial, se desarrolló en la calle de Segre, entre las de Parellada y Sant Adrià, y transcurrió sin incidentes, según los Mossos. Sebastián García, que vivía en el número 38 de la calle de Segre desde hacía dos años con su familia, incluido un niño de un año, dijo que los Mossos reventaron la puerta a las ocho de la mañana, entraron "intimidando y enfocando a los ojos con las linternas" y solo les dejaron una hora para sacar sus pertenencias.

DERRIBOS Tras la evacuación, que acabó pasadas las once de la mañana, se inició el derribo de las viviendas, en las que antaño vivieron los trabajadores de la fábrica, para evitar que fueran ocupadas de nuevo. El inspector de los Mossos Jordi Rodon explicó que las 69 personas residían en precarias condiciones de salubridad y seguridad. Las casas tenían boquetes, paredes semiderruidas y lonas verdes para evitar desprendimientos. La concejala de Sant Andreu, Sara Jaurrieta, dio que el desalojo era una buena noticia para los vecinos porque este tramo de Segre se había degradado mucho y se habían recibido quejas. Algunos vecinos denunciaron ruidos, suciedad y drogadicción.

Entre los evacuados hay familias con niños, personas solas y unos pocos okupas. Hay gente de ocho nacionalidades: 56 son españoles; cuatro, italianos; tres, polacos, y dos, marroquís. También fueron identificados un uruguayo, un cubano, un angoleño y un rumano. Una mujer española fue detenida al tener un requerimiento judicial para ingresar en prisión. Los Mossos no especificaron el motivo de la condena.

La concejala de Sant Andreu aseguró que se ofreció asistencia social a los desalojados, aunque finalmente nadie hizo uso de ella. Según un portavoz, el ayuntamiento suele pagar una pensión unos días, un tiempo que se invierte en analizar cada caso para ver las necesidades.

El recinto fabril de Fabra i Coats tiene 12 naves, de las que seis forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El ayuntamiento tiene previsto convertirlo en una zona con un techo de 31.000 metros cuadrados para equipamientos. Incluirán un instituto de enseñanza, un casal de barrio, una sala polivalente y un espacio para la colección de vehículos históricos de Transports Metropolitans de Barcelona. También habrá 3.000 metros cuadrados de techo para vivienda social para jóvenes en régimen de alquiler. El área desalojada ayer formará parte de unos 17.000 metros cuadrados destinados a zona verde, calles y el patio del instituto.

La operación tiene un coste de unos 50 millones de euros, que el ayuntamiento paga a Renta Corporación en efectivo y con varias permutas en la ciudad. En diciembre del 2005, cuando se formalizó la compra, CiU y PP acusaron al consistorio de haber comprado tarde y mal. Según CiU, los terrenos se vendieron tres meses antes por unos 30 millones de euros, lo que el teniente de alcalde Xavier Casas negó.