Badalona declara nulas las ayudas a los afectados por el derrumbe de la calle Granada

El Pleno del Ayuntamiento de Badalona celebrado este lunes 3 de junio ha declarado nula la contratación, por vía de emergencia, del alojamiento provisional para los veinticuatro vecinos afectados por el semiderrumbe del número 22 de la calle Granada en marzo de 2022, así como el de las familias desalojadas en noviembre de 2021 tras ocupar un bloque en la calle Guifré del barrio de Sant Roc. Las ayudas a los vecinos afectados se prolongó durante ocho y cuatro meses respectivamente, y alcanzó un coste superior a los 230.000 euros.

El origen de lo que se aprobó este lunes en la sesión plenaria se encuentra en un Pleno municipal anterior, celebrado en septiembre de 2023 (uno de los primeros tras la investidura como alcalde de Xavier Garcia Albiol), cuando se tuvo que resolver mediante votación la discrepancia entre el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, y la Intervención del propio consistorio. Si bien la primera parte entendía que estaba justificada la prórroga en las ayudas a ambos colectivos, la intervención consideraba que no existía base legal.

Es por eso que, entonces, el Gobierno municipal decidió elevar la decisión de quién debía pagar las pensiones ofrecidas a ambos grupos de vecinos a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Tras ocho meses de deliberación, la Comisión informó favorablemente el pasado 6 de mayo sobre la declaración de nulidad del decreto de la alcaldía. En la misma fecha, el organismo informó también sobre el decreto de emergencia vinculado al desalojo forzoso de la calle Guifré.

Así, en todo este tiempo, el Ayuntamiento de Badalona no ha pagado a la empresa que prestó el servicio porque no tenía el aval de Intervención. La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat basa su dictamen en la consideración que los términos superaban el tiempo de emergencia, entre otras objeciones. El consistorio realizará ahora una auditoría para indemnizar al contratista, la empresa Snow Travel, y permitir que pueda cobrar por los servicios prestados: "Ese será el importe que pagará el ayuntamiento, pero esta vez con cobertura legal", informan a este medio fuentes municipales.

Fuentes municipales aseguran que en ningún caso el pago pendiente de las ayudas recaerá sobre los vecinos afectados en ambos casos. Un extremo que tranquiliza relativamente a vecinos del bloque derrumbado como Miguel Agüera, que en declaraciones a EL PERIÓDICO lamenta estar esperando aún que el Ayuntamiento "cumpla su palabra" de mediar con entidades bancarias y aseguradoras para una posible condonación de la hipoteca del piso que colapsó, así como para otras gestiones como la cancelación de los recibos de agua y luz de la finca siniestrada, que este vecino asegura seguir pagando dos años y medio después de quedarse fuera de su casa.

En lo que respecta al desalojo de la calle Guifré, en el barrio de Sant Roc, afectó a un total de dieciocho familias ―un total de 43 personas―, que llevaban siete años ocupando un bloque de pisos propiedad de Solvia. El socialista Rubén Guijarro, que era alcalde en ese momento, firmó un decreto de emergencia para poder contratar un servicio de pernocta durante tres meses, pero finalmente la ayuda se acabó alargando cuatro meses, de noviembre a febrero. El importe total que debe el Ayuntamiento a la empresa que prestó el servicio es de 87.655,70 euros.