Un sindicato de la Guàrdia Urbana de Badalona apremia al Ayuntamiento a que pague las horas extra de 2022

El conflicto entre la Guàrdia Urbana de Badalona y el Ayuntamiento de la tercera ciudad de Catalunya por el pago de las horas extra pendientes, realizadas en período vacacional de 2022, ha entrado esta semana en un nuevo capítulo, tras la publicación de dos sentencias judiciales que, a tenor del sindicato policial SIP-FEPOL, les dan la razón "y obligan al pago de los servicios extraordinarios realizados".

"Ambas sentencias se refieren a que las horas extraordinarias están bien realizadas en tiempo y forma ―explica el portavoz de SIP-FEPOL, Joan Marc Zamora―, de manera que aunque haya un informe de un ente externo como es la Intervención municipal, se tienen que abonar ya que dentro de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no hay ningún artículo que especifique que si las horas extra están bien realizadas en tiempo y forma, no se deban pagar".

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El pago de aquellos servicios extraordinarios quedó paralizado debido a un informe negativo de la interventora municipal, que consideraba ilegal hacer horas extra durante período vacacional. El Ayuntamiento acudió entonces a la Generalitat, para que mediase en el conflicto. En junio de 2023, el gobierno catalán publicó su dictamen al respecto: las horas extra no se pueden encargar a agentes que estén de vacaciones, y no se pagarán.

Los dos sindicatos mayoritarios de la Guàrdia Urbana no dieron la batalla por perdida: "El informe está emitido por un ente consultivo de la Generalitat, para nosotros en ningún caso es definitivo", sostenía para entonces Joan Marc Zamora, portavoz del sindicato SIP-Fepol. "Nuestros servicios jurídicos no ven ningún impedimento legal en que estas horas extra no se retribuyan. Además, las horas extra las autorizaba el informe técnico del jefe de la Guàrdia Urbana, así como el concejal responsable del área de seguridad", añade ahora Zamora. Por su parte, Alfonso Griñán, portavoz del sindicato PSU, aseguraba que "los trabajadores no pueden pagar la inoperancia e incompetencia de los responsables de esta situación".

Sentencias relacionadas, pero no vinculantes

Las recientes sentencias no tratan directamente sobre el pago pendiente a más de 60 agentes, pendiente desde 2022, sino que tratan del caso de dos empleados del cuerpo cuya situación es análoga, según explican en SIP-FEPOL. "Eso nos abre la puerta para reclamar al Ayuntamiento el pago de los servicios extraordinarios realizados durante el período vacacional de 2022", sostiene el portavoz sindical.

Una vez recibidas estas dos sentencias, los servicios jurídicos del sindicato han emitido un dictamen al Gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol para apremiar al Ayuntamiento a que apruebe el pago pendiente. En dicho dictamen, los servicios jurídicos del sindicato aseguran que "la dinámica procedimental administrativa [de las dos sentencias favorables] es exactamente la misma que la que ha acontecido respecto al abono a los miembros de la Guardia Urbana de la retribución correspondiente a los servicios extraordinarios realizados en periodo vacacional". Es decir, "la solución que contienen las sentencias es plenamente aplicable a dicho conflicto".

Preguntado al respecto por este medio, el Ayuntamiento de Badalona asegura que "se están analizando las sentencias y próximamente habrá una reunión entre diferentes departamentos municipales para decidir qué se hará".

Ya pasó en 2021

Existe un precedente, datado de 2021. Aquel verano, bajo la segunda alcaldía de Xavier Garcia Albiol, la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió diligencias contra el líder popular por el pago de horas extra en verano de aquel año a agentes de la policía local. Los abonos respondían a un valor de 400.000 euros y se hicieron, también, en período de vacaciones levantando una suspensión previa. Mientras intervención municipal y recursos humanos hicieron dos informes desfavorables al respecto, el jefe de la policía hizo uno favorable, sobre el que se basó Albiol.

Para el sindicato SIP-FEPOL, las recientes dos sentencias también demuestran que el pago acordado por el alcalde en aquella ocasión "era completamente legal y no merece reproche penal alguno".

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