La crisis de la vivienda
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La Mesa de Emergencia de la ciudad acumula 77 peticiones aprobadas entre 2017 y 2019 que aún no han recibido los domicilios comprometidos
Jordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
El retraso en acceder a un piso que rescate a quien se ve atosigado por la amenaza de un desalojo no es un problema exclusivo de Barcelona. Las quejas de las plataformas movilizadas contra los desahucios afloran igual en otras localidades del área metropolitana, en que se repite la contradicción de que las peticiones aprobadas para adjudicar techo con urgencia acaban tardando años en materializarse. Ocurre por ejemplo en Badalona, donde la Mesa de Emergencia municipal acumula casi dos centenares de resoluciones que instan a entregar pisos pero permanecen encalladas. Hay solicitantes que se les reconoció el derecho de que se les proporcionara un domicilio hace más de un lustro y aún no lo han obtenido.
El Ayuntamiento de Badalona así lo admite en una respuesta a una petición de acceso a información pública tramitada por EL PERIÓDICO. El consistorio reconoce que, en febrero pasado, contabilizaba 77 informes datados entre 2017 y 2019 que resultaron favorables a demandantes de vivienda. Han transcurrido entre cuatro y seis años desde entonces, los expedientes siguen vigentes y, en consecuencia, el consistorio continúa obligado a facilitar domicilios a quienes los pidieron porque no les alcanza para costearlos.
La demora más extrema en Badalona se desvía de mucho de la media creciente en la capital, disparada de los 12 a 14 meses que se acreditaban a finales de 2018 a un margen aún más dilatado, de 30 a 32 meses, en diciembre de 2022, según datos del Consorci de l’Habitatge en Barcelona. La ciudad metropolitana no concreta cuál es el tiempo medio de espera que, en su caso, se produce desde que el formulario se rellena, la Mesa de Emergencia lo avala y se suministran las llaves.
Lista creciente
“Las adjudicaciones se realizan según las prioridades de servicios sociales, que valora las diferentes solicitudes según la vulnerabilidad, la existencia de menores, número de miembros de la unidad familiar, adecuación de la unidad familiar con las características de la vivienda a adjudicar, etcétera”, enumera el ayuntamiento. En cualquier caso, la cifra de informes favorables en Badalona pendientes de domicilio ha crecido a lo largo del convulso mandato que se cierra en la cuarta ciudad más habitada de Catalunya, avezada a los sobresaltos políticos y con tres alcaldes en cuatro años: empezó el socialista Álex Pastor, le sucedió el retorno del popular Xavier García Albiol y ha concluido Rubén Guijarro, del PSC.
En febrero de 2019, la localidad apilaba 130 demandas aceptadas sin que se les hubiera concedido un piso. Un cuatrienio más tarde, se amontonaba 184 peticiones avaladas por la Mesa de Emergencia y en cola para conseguir una vivienda, a tenor de estadísticas de febrero pasado.
La plataforma Sant Roc Som Badalona es el asidero de decenas de familias acosadas por la pobreza al sur de la ciudad, una de las zonas donde se concentra menos renta en Catalunya. Uno de sus miembros, Carles Sagués, da fe de que no es extraño que la entrega de una vivienda social comprometida se dilate en la población. “Que pasen años y años ha entrado a formar parte de la normalidad”, cuestiona el activista. Explica que el ayuntamiento siempre responde que está a la expectativa de que lleguen pisos: “A veces nos comunica que hay uno, pero luego no llega, o tarda muchísimo hasta que se hacen las reparaciones y se pone en servicio”.
"Solía pasar que, mientras se hacían las obras, ocupaban los pisos. Tres cuartas partes se perdían por eso. Y recuperarlos puede tardar un año”, comenta un responsable municipal vinculado a la Mesa de Emergencia de Badalona. Agrega que el servicio se ha visto desbordado por falta de personal: asegura que muchas solicitudes se refrendaron por silencio administrativo, aprobadas al consumirse el plazo de tres meses sin ser evaluadas. “Faltan manos para hacer un seguimiento cuidadoso y saber si los solicitantes siguen necesitando piso o no, o si siguen en la ciudad”, apercibe la misma voz, que pide guardar anonimato.
Sagués agrega que, aunque pasen los años, las carencias acostumbran a perdurar: “Algunos tienen la suerte de que los han acogido familiares, pero son viviendas estrechas y llega un momento en que suelen surgir tensiones y problemas. En estos casos, por desgracia, hay sectores que se han tenido que adaptar a sobrevivir. Se les coloca el estigma de ser okupas y se buscan lo que sea, en condiciones que no se deberían aceptar y se van normalizando. También los hay que alquilan habitaciones, pero existe tanta demanda que los precios están subiendo mucho. La mayoría continúa en emergencia pero, si esto fuera un incendio, ¿tendría sentido que los Bomberos vinieran al cabo de un año? En estos casos, hablar de emergencia se ha convertido en un oxímoron”.
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