Cien familias de Badalona denuncian una subida de sus alquileres del 80%

El verano pasado será difícil de olvidar para ‘las 100 familias’, como ya se las conoce, de los bloques de la calle Indústria, 131, del barrio del Progrés de Badalona. No fue precisamente un gran viaje lo que cambió sus vidas. Lo que amenazó con ponerlas patas arriba fue la notificación, en julio, de que sus viviendas, hasta entonces propiedad de Solvia -inmobiliaria del Banc de Sabadell- habían sido adquiridas por el fondo de inversión Lazora. Teclear en Google el nombre de su nuevo casero no fue precisamente tranquilizador. La existencia de una plataforma llamada Lazora Non Grata en Madrid no se antojaba un buen augurio. A las pocas semanas, en agosto, llegaron a la finca los primeros burofaxs. "Estimado inquilino", empezaban. En ellos se anunciaba la no renovación de los contratos de alquiler y la posibilidad de firmar otros de nuevo, eso sí, con nuevas condiciones. En algunos casos, esas nuevas condiciones, tras tres años de "bonificación" -así lo anunciaban, también- alcanzaban los 1.807 euros mensuales. La media actual es poco más de 1.000. 

Sara Lahoz es una de las vecinas más antiguas de la joven comunidad, levantada en la primera década de los 2000 entre las calles de Tresmall y de Providència, a pocos metros de la playa del Pont del Petroli. Unos pisos modernos y cómodos, con piscina comunitaria, pero sin excesivos lujos. "Somos familias de clase media, trabajadoras. Muchas somos de Barcelona y llegamos aquí precisamente por los precios imposibles de los alquileres en la capital; y ahora, con nuestras vidas montadas aquí y nuestros hijos estudiando en los colegios del barrio, nos encontramos con esto, con unos precios propios de Sarrià", apunta Lahoz, portavoz de la recién formada comunidad de inquilinos (al no ser propietarios, hasta los primeros burofaxs no se organizaron -en muchos casos conocieron).

El caso de Lahoz es muy similar, con matices, por supuesto, al del resto de vecinos. Primero firmó un contrato de cinco años, y después, con el cambio de ley de Mariano Rajoy, uno de tres. Algunos, a los que se les terminó el contrato tras la reforma legislativa de Pedro Sánchez y antes de la venta a Lazora, tuvieron "la suerte" de firmar contratos de siete años. 

Desahucios invisibles

Tras el burofax, como ante todo contratiempo, cada familia reaccionó como pudo o supo. Algunas no vieron salida, recogieron sus cosas y se marcharon. Las nuevas condiciones planteadas eran -son- inasumibles para una familia ‘normal’: los llamados desahucios invisibles (no hay orden judicial ni constan en ninguna estadística, pero a la práctica son expulsadas de sus casas por motivos económicos). Pero, no pocas, como la de Lahoz, optaron por plantar cara, siguiendo la máxima del Sindicat de Llogaters: ‘Ens quedem’. "Nos hemos unido para negociar de forma colectiva un precio justo. No nos resignamos ni a irnos ni a aceptar una subida que consideramos absolutamente abusiva", subrayan los vecinos afectados.

Que el nuevo propietario no tenga oficina física en Barcelona no facilita el diálogo. Hasta el momento todos los contactos con Madrid han sido vía correo electrónico, pero eso no les frena. Para empezar, han llenado los balcones y ventanas con grandes pancartas en las que se leen mensajes contundentes como "Solvia nos ha vendido al fondo buitre Lazora" o "Alquileres abusivos, Badalona no se vende". La estrategia es desanimar a posibles nuevos inquilinos que pudieran entrar con las nuevas condiciones para forzar la negociación. Los pisos que se han ido vaciando están anunciados en portales inmobiliarios. 

En paralelo, se han reunido con el Sindicat de Llogaters, con otras plataformas de afectados por las subidas de alquileres de viviendas compradas por el mismo fondo inversor y con distintos grupos políticos de todos los colores. El propio alcalde de la ciudad les ha mostrado su apoyo y ha mandado una carta al presidente de Lazora pidiéndole una reunión. El martes, 29, coincidiendo con el pleno municipal, han convocado una manifestación para visibilizar y mantener viva su lucha en la calle, más allá de su barrio, a la que han confirmado asistencia asociaciones de vecinos de la ciudad y afectados de otros bloques de Lazora.    

"Completamente libre"

Fuentes de la propiedad defienden que "se trata de vivienda completamente libre que se va a seguir dedicando al alquiler" y que están "actualizando la renta en sintonía con el precio promedio de la zona para viviendas de ese mismo tipo". La renta media actual del edificio según la propiedad es de 1.084 euros mensuales, y pasará, tras los tres años en los que se aplicará la bonificación, a 1.631 euros, según la misma fuente. Los vecinos, en cambio, insisten en que la subida puede llegar al 80% y que viviendas por las que ahora pagan 1.050 euros pasarían a 1.807 (más un seguro de impago obligatorio), según muestran en el burofax. 

En cuanto a la petición de la negociación colectiva que reclama la comunidad, la propiedad responde que "la política de gestión de Lazora se basa en la revisión individual de cada caso para, en aquellos casos que fuera necesario, encontrar las alternativas que mejor se adapten a cada situación". 

A las antípodas de esa "revisión individual", desde los movimientos sociales, precisamente trabajan por fortalecer las negociaciones colectivas y sumar fuerzas de las distintas experiencias. Ese es uno de los objetivos del I Congrés d’Habitatge de Catalunya, que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre. El congreso, se presentan, pretende ser "un encuentro de colectivos que luchan por una vivienda digna, un espacio en el que hacer balance y poner en común las experiencias acumuladas durante años". "Un congreso del movimiento vinculado a la lucha por la vivienda puede ser una manera de fortalecerla y de tejer alianzas con otros sectores", señalan.

Problema generalizado (y pequeñas victorias)

El caso de esta promoción de Badalona no es ni nuevo ni aislado. Tampoco lo es la organización ciudadana para intentar frenar la expulsión de vecinos que supone una subida desproporcionada del alquiler. En abril del año pasado, los 150 vecinos de la avenida de Barcelona 113 de Sant Joan Despí lograron, tras unirse y negociar juntos, detener la subida de entre un 40% y un 100% que pretendía el fondo inversor que compró sus viviendas y renovar sus alquileres a precios asumibles, una victoria sin precedentes para el Sindicat de Llogaters. Ya en ese momento, desde el sindicato alertaron de que el caso de Sant Joan Despí ponía de manifiesto que la burbuja no es cosa de los centros urbanos o turistificados, sino que se extiende por todo el territorio "porque está cocinada políticamente". "Se cambiaron las leyes para facilitar la rotación y la especulación allí donde haya inquilinos. Es un problema que va incluso más allá de las áreas metropolitanas", señalan desde el Sindicat.

Hace pocas semanas, una historia similar a las de Badalona o Sant Joan Despí, en este caso en Rubí. El punto de partida era el mismo. Un fondo inversor compra fincas enteras con inquilinos y les sube el alquiler de forma considerable. Tanto que se hace inasumible para muchas de las familias. En el caso de Rubí, además, se da el agravante de que se trataban de pisos de protección oficial, que pretendían pasar de 450 a hasta 825 euros al mes. Como en Sant Joan Despí, y como esperan que suceda en Badalona, también pactar con el fondo inversor que compró sus casas subidas de entre 0% y el 11% y contratos de siete años.