El miedo a perder el empleo ahuyenta a los más vulnerables de las PCR

O dar de comer a sus hijos, o confinarse. En esta disyuntiva se encuentran cientos de familias que se están saltando los controles sanitarios impuestos por el coronavirus. Los trabajadores sociales de los CAP tratan de sensibilizar en las medidas de protección, darles alimentos y persuadirlos, pero ven día tras día cómo se niegan a dar sus contactos para evitar el rastreo, o directamente, dan portazo a hacerse la prueba PCR. No es que no teman el virus, es que hay consecuencias quizá peores: quedarse sin techo y sin un precario e inseguro empleo. Las entidades sociales piden a la administración ayudas a estos hogares para que, al menos, tengan algo a que aferrarse durante los 14 días de encierro. 

Vivían en una habitación realquilada, con varias familias más, en el barrio del Besòs, en Barcelona. Uno de ellos accedió a hacerse un test PCR que confirmó el diagnóstico: había enfermado de coronavirus. En cuanto el inquilino principal que les alquilaba la habitación se enteró del contagio, les expulsó de la vivienda sin miramientos, apoyados por el resto de realquilados que lo último que querían era contraer el virus. Enfermos, se quedaron en la calle. Este es uno de los casos que han ido llegando recientemente hasta la trabajadora social del CAP del Besòs Ana Huerta, que confirma la grave situación económica en la que viven muchas familias de este barrio. Aquí la solución pasó por el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que les encontró un lugar provisional donde esta familia se pudo confinar. En otros, hay quienes no quieren pasar por chivatos y no facilitan los teléfonos de los contactos a los rastreadores de Salut para evitar también el radar sanitario. Y el virus sigue, así, campando a sus anchas. 

Así funcionará la app de rastreos RadarCovid, que se implantará por fases

"Nos encontramos con personas que ya tenían un empleo precario antes de la pandemia; muchas lo han perdido y otras han logrado encontrar algo muy débil con la desescalada", explica Huerta. Unos empleos, a los que se refiere la trabajadora social, que en la mayoría de los casos son en la economía sumergida. Por ejemplo, aquellos que se dedican a buscar y vender chatarra, a vender productos en mercados ambulantes o playas, o quienes limpian casas o cuidan de dependientes. "Si se contagian del virus no pueden acogerse a un erte, tampoco a la baja laboral, se quedan sin ingresos para pagar las facturas", explica Huerta. La trabajadora trata de sensibilizar, darles cobijo en los 'Hotel Salut' y ofrecerles alimentos, medicamentos, EPIS y demás material que puedan necesitar durante esta estancia. Pero sabe positivamente que muchas personas optan por hacer oídos sordos para seguir trabajando. "Los que más nos preocupan son los casos que no nos llegan, porque nosotros actuamos una vez hay diagnóstico", expone Huerta, que recuerda que muchas de las familias que atiende viven en pisos superpoblados, con hasta 20 personas. Un confinamiento"imposible". 

Pero la realidad del Besòs se repite en demasiados barrios del Área Metropolitana. "O comen, o se confinan: hay familias que no pueden permitirse el lujo de enfermar de coronavirus, y por ello se escapan del control sanitario y las PCR", dice contundente Toni Garín, miembro de la junta de la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS). En Barcelona todas las personas que residen en infraviviendas tienen padrón, y por ende, tarjeta sanitaria y asistencia médica asegurada. Algo que no ocurre en el resto de ciudades metropolitanas. "Habría que hacer un plan de salud comunitaria en el área metropolitana que trate de llegar a estos hogares y sensibilizar", añade Garin.

Otra de las propuestas que hacen desde ECAS es la de extender campañas para dar a conocer los derechos de los trabajadores. "Nos encontramos casos de personas que sí tienen trabajos presenciales con contrato, como en el mundo del turismo o la restauración, que no saben que tienen derecho a coger la baja si contraen el virus", expone. Pero el gran drama se encuentra en todos los empleos sin contrato, ni derechos. "O les garantizamos ingresos mientras dure el encierro, o no habrá nada que hacer", sugiere Garin.

"Una paga durante los días en los que se confinen podría ayudar a que muchas personas enfermas no salgan de casa, pero también muchos seguirían teniendo el temor de quedarse sin trabajo y que su frágil empleo se lo quede otro", añade Raúl Alcázar, director de la fundació Serveis Socials, integrada dentro de la fundación sanitaria Sant Pere Claver. La entidad gestiona uno de los 'Hotel Salut' en Barcelona, que ha servido como vivienda de muchas personas sin hogar que, tras infectarse, necesitaban confinarse. "Hay personas que acceden a ir al hotel porque, aunque no pueden seguir trabajando, al menos tienen garantizada alimentación e higiene. El problema está en aquellos que tienen hijos o dependientes que cuidar, de ellos depende todo un hogar. Y estos son los que se niegan a encerrarse", añade. 

¿El Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada podrían resolver esta situación? "El problema es que esta ayuda se tiene que pedir por internet, y muchas familias no tienen ni ordenador ni ordenador wifi, ni saben como funciona el trámite", cuenta Huertas. "Y luego está el colapso de los trámites, que desde que lo piden hasta que lo pueden cobrar pasan muchos meses, estamos hablando de familias que no tienen ahorros y viven al día, no pueden esperar toda esta demora, prefieren trabajar", añade Alcázar. Además, hay cerca de 100.000 personas que no tienen permiso de residencia en Catalunya y, por lo tanto, están directamente excluidas de tales ayudas sociales. 

"Esta pandemia está poniendo de relieve las gravísimas desigualdades en las que está sustentada nuestra sociedad. Los responsables sanitarios necesitan respuestas rápidas, yo lo entiendo, pero hay problemas que llevamos años arrastrando y que si se quieren resolver requieren de respuestas complejas", insiste Garin.