El Gobierno se prepara para tomar el control de Madrid si Ayuso no rectifica

"Estamos trabajando ya en ello". El mensaje en privado del Gobierno resulta inequívoco. La Moncloa todavía espera que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifique y aplique medidas más duras para frenar la extensión del virus en la comunidad, pero ya se prepara para "tomar el control" frente a la pandemia en la autonomía. De momento, el Ejecutivo quiere dejar pasar unos días, ver la evolución de los datos e intentar evitar un choque frontal entre ambas administraciones, pero según avanzan distintas fuentes a EL PERIÓDICO, no piensa dar mucho más margen a la dirigente del PP, que por ahora sigue enrocada. 

Por un lado, en público, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, emplaza a Ayuso a que "revise sus decisiones y "siga el criterio de la comunidad científica", que también defiende iniciativas más contundentes. "Madrid nos preocupa mucho. Está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y los ciudadanos de las comunidades limítrofes. Lo digo desde la máxima lealtad", dijo Illa este sábado desde Barcelona, en unas palabras similares a las del día anterior, pero deliberadamente más duras. Era una especie de ultimátum. El viernes ya había advertido de que no descartaba ningún escenario, tampoco la intervención. 

Por otro, el Ejecutivo estudia ya qué decisiones tomar en el caso de que la presidenta madrileña desoiga estos mensajes y continúe sin extender el confinamiento perimetral a toda la capital y los municipios con una incidencia acumulada en 14 días por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, el doble de la media nacional. Pese a que la Moncloa continúa esperando que Ayuso asuma que "no puede seguir así", la hipótesis de una intervención más contundente está muy cerca. En todo caso, salvo cambios de última hora, el encargado de comunicar la decisión no sería Illa, sino el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las opciones en estudio

Se contemplan varias posibilidades. Una de ellas pasa por la aplicación de la<strong> </strong>ley general de salud pública de 2011. "Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con carácter general, en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública consideradas en la presente ley, así como la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite", señala la norma en su artículo 52.3.

Uno de los principales responsables de la ley de salud pública, José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, explica: "Lo ideal es que hubiera una rectificación de la Comunidad de Madrid y un acuerdo entre ambas administraciones. De no ser así, es inevitable una intervención del Gobierno. El estado de alarma puede dar mayor seguridad jurídica a las medidas que, además de limitar derechos fundamentales, deben proteger a las autonomías limítrofes, como Castilla-La Mancha y Castilla y León. No obstante, Sanidad podría adoptar cuantas medidas de intervención considere necesarias, de acuerdo con la ley. Por ejemplo, las que propuso el ministerio en su informe oficial a la Comunidad de Madrid. De esta forma aún siendo menos eficaces, ejercería competencias legalmente atribuidas al Gobierno sin invadir las de Madrid". El Gobierno considera que los requisitos que fija la ley se cumplan de sobra en la Comunidad de Madrid.

El decreto de nueva normalidad faculta al Ministerio de Sanidad para adoptar actuaciones coordinadas urgentes

Pero al mismo tiempo, la Moncloa tampoco descarta volver a pedir la declaración del estado de alarma para aplicarlo a la autonomía, algo que podría hacer sin necesidad de la autorización del Congreso de los Diputados, aunque debería pasar después por la Cámara baja si quiere prorrogar el régimen excepcional, transcurridos 15 días. La primera opción, aplicar la ley de salud pública, sería la más suave, porque no implicaría quitar competencias autonómicas, sino que el Ejecutivo asumiría las que ya son suyas. Pero con la alarma el campo de actuación podría ser más amplio, dado que los territorios vecinos de Madrid, como ha dicho Illa, también se encuentran en "serio riesgo sanitario".

Y quedaría otra salida: la aplicación del decreto ley de nueva normalidad, del pasado 9 de junio. "Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas", señala el artículo 3 de la norma. Y la disposición final segunda, que modificó la ley de cohesión del sistema sanitario, faculta al Ministerio de Sanidad a adoptar actuaciones coordinadas en salud pública en casos de "urgente necesidad", de las que inmediatamente después ha de informar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Análisis "en profundidad"

"Estamos estudiando el tema en profundidad, mientras esperamos que Madrid revise sus medidas. Hay muchas posibilidades de reacción y ninguna está descartada", sostienen fuentes del Ejecutivo conocedoras del proceso de toma de decisión. Es más, indican que "llegados a este punto, viendo cómo se las gasta el Gobierno autonómico", que "negó" que tuviera conocimiento el jueves de las recomendaciones que les hizo llegar Illa verbalmente y por escrito, el Gobierno "hará lo que tenga que hacer". 

"Viendo cómo se las gasta Madrid, el Gobierno hará lo que tenga que hacer", esgrimen en el Ejecutivo

"Esto no puede aguantar mucho más. El Gobierno ya ha hablado, pero se está estudiando cómo hacerlo en caso de que sea necesario", subraya un alto cargo de la Moncloa. Distintos interlocutores del Gobierno y del PSOE, que a su vez están en contacto con Illa y han podido constatar su enorme irritación con Ayuso —una actitud de suyo muy elocuente, por el carácter templado y flemático del ministro—, insisten en que el ambiente de intervención es inequívoco, y hasta se duda de que se pueda esperar hasta el próximo viernes, porque la situación epidemiológica en Madrid es muy grave. 

En Sanidad abundan esa línea: "Justo el marco mental de Madrid, la idea de que hay que actuar semana a semana o de 14 días en 14 días, es el que queremos atacar. Ya les dijimos que no se podía esperar una semana más. El lunes próximo se cumplirán siete días desde la entrada en vigor de sus primeras medidas [en 37 zonas básicas de salud] y los números son los que son". La incidencia acumulada en Madrid, según el último informe del ministerio, es de 721 positivos por 100.000 habitantes. Una semana antes, era de 682. 

Un ministro apunta incluso que, más allá de la batalla política entre las dos administraciones, que opera como poderoso telón de fondo, los ciudadanos demandan soluciones y miran hacia arriba, esperando una respuesta, y el Gobierno central no se puede "inhibir" o no buscar soluciones. Lo ideal sería "parar el reloj y atornillarse a la mesa para buscar un acuerdo", pero si no es posible habrá que intervenir, razona. 

Illa pide a Madrid que revise sus medidas: "Está en riesgo la salud"

El coste político

En el Gobierno están convencidos, además, de que el coste político de adoptar medidas muy duras no será alto. Es decir, que no habrá desgaste para Sánchez. Apuntan que el clima es favorable, porque "Ayuso está muerta políticamente" y la comunidad científica presiona de forma unánime a favor de mayores limitaciones. Junto a esto, ha molestado sobremanera que "el acuerdo que se alcanzó el jueves" para asumir las recomendaciones expuestas por Sanidad saltara por los aires el viernes.

Casado acusa a Sánchez de fijarse como tarea "el ataque a las comunidades"

Desde el PP, ya se carga contra la aplicación de "un artículo 155 sanitario", que en opinión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solo serviría para "avivar el fuego". El líder del PP, Pablo Casado, acusó este sábado al Gobierno de fijarse como "primera tarea" el "ataque a las comunidades autónomas, a las que pretende responsabilizar de su negligencia". Y eso que el jefe de los conservadores pedía en los últimos días a Sanidad que se implicara más en el control de la pandemia porque la ley se lo permite. Y el consejero de Justicia de la comunidad, Enrique López, contestó así a Illa, aludiendo a la ausencia de Felipe VI en un acto del Poder Judicial en Barcelona: "Debería dejar de utilizar Madrid para tapar los problemas que el Gobierno tiene en Catalunya". 

Ya por la noche, el consejero de Justicia madrileño, Enrique López, hombre muy próximo a la presidenta, dio muestras de que el Gobierno regional no piensa recular. "No cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma", escribió en un mensaje de Twitter, en el que reivindicaba que las competencias son de la región y el Ejecutivo de Ayuso las ejerce "con criterio y responsabilidad". El Gobierno de Sánchez e Illa "deben regresar a la responsabilidad y la lealtad", concluyó. 

El ministro, de momento, seguirá apretando las tuercas a Ayuso este domingo, en su entrevista en 'El objetivo' (La Sexta). A partir del lunes, se abre el momento de las decisiones. El Ejecutivo subraya que no podía aparecer como "copartícipe" de la "irresponsabilidad" de la Comunidad de Madrid, y por eso compareció Illa el viernes en paralelo al viceconsejero autonómico, Antonio Zapatero. Ahora el vaso de la paciencia se va colmando. El Gobierno está dispuesto a actuar si Ayuso no da marcha atrás, y sin demora.

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