El pederasta del colegio de los Maristas sale en libertad con cargos

Joaquín Benítez, el exprofesor de educación física del colegio de los Maristes Sants-Les Corts que ha confesado abusos sexuales a antiguos alumnos del centro, ha quedado en libertad provisional con cargos tras prestar declaración este sábado por orden del magistrado tras prestar declaración en los juzgados de Barcelona.

El juez le ha prohibido la salida del terriotorio español, le ha retirado el pasaporte, ha acordado que comparezca semanalmente en comisaría y le ha vetado realizar actividades educativas, culturales, recreativas o de cualquier otro tipo con menores. 

El principal denunciante que abrió este caso, el padre de una víctima que padeció abusos entre 2006 y 2010 por parte de Benítez, ha mostrado al PERIÓDICO su indignación ante la resolución judicial: "Soy incapaz de entenderlo".

Benítez, que llegó a dependencias judiciales custodiado por tres agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra y cubierto con una chaqueta, ha hecho una declaración bastante imprecisa. El pederasta ha declarado en condición de imputado, asistido por un abogado de oficio, tras ser reconocido por un forense.

El juez que lleva el caso, Miguel Ángel Tabares Cabezón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, ha citado para esta tarde a las 19.00 horas a la redactora de EL PERIÓDICO María Jesús Ibáñez, que este viernes entrevistó en exclusiva al pederasta de los Maristas, así como al fotoperiodista que la acompañaba, Josep Garcia.

SEXTA VÍCTIMA

Este sábado ha declarado en una comisaría de los Mossos la quinta víctima de abusos sexuales. Se trata de un hombre de unos 42 o 43 años residente en Barcelona. Los abusos fueron cometidos hace 25 años. Con esta ya son 10 las víctimas identificadas, de las que cinco están localizadas por la policía.

El colegio Maristas Sants-Les Corts informó, a través de un comunicado, de que en el 2011 puso una denuncia contra Joaquín Benítez cuando unos padres les comunicaron que su hijo había sufrido abusos sexuales.

Pero el centro se dirigió a la Fiscalía de Menores, en lugar de a los Mossos o al juzgado de guardia. Y al fiscal de menores solo pueden recurrir los tutores legales de un menor, es decir, los padres. Así que, como los padres no denunciaron, el proceso fue archivado.