Eurodiputados avalan inversión para atajar causas de la inmigración en África
Las comisiones de Desarrollo, Cooperación y Relaciones Externas del Parlamento Europeo (PE) dieron luz verde hoy a un plan inicial de inversión de 3.300 millones de euros, a fin de atajar las causas originarias de la inmigración en África.
El objetivo del plan, que el pleno de la Eurocámara votará el jueves próximo y que ya tiene el visto bueno de los países, es movilizar hasta 44.000 millones de euros mediante inversiones del sector privado en África.
De esa manera, el nuevo Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (EFSD) alentaría inversiones privadas en Estados frágiles a través de una aportación inicial de 3.300 millones de euros, con el objetivo de impulsar el empleo, el crecimiento y la estabilidad mediante una combinación de becas, préstamos y garantías financieras.
El ponente del texto, el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Eduard Kukan, se mostró "contento" del acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE e incidió en que el PE es "serio" a la hora de crear crecimiento sostenible y abordar las causas de la inmigración.
"Espero que esta herramienta innovadora mejore la inversión climática y estimule las inversiones privadas donde es más necesario. Trabajamos duro en este acuerdo y estoy seguro de que podremos adoptarlo rápidamente", agregó Kukan.
El EFSD centrará sus esfuerzos en combatir la pobreza, en crear empleo "decente", en los jóvenes, mujeres y en las pymes.
Además, un mínimo del 28 % de las inversiones respaldará la acción climática con el objetivo de ayudar a la implementación del Acuerdo de París de 2015.
Los beneficiarios deben respetar los derechos humanos, los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas internacionales sobre inversión responsable, explica el PE en un comunicado.
Asimismo, la UE se asegurará mediante "normas estrictas" que las empresas y jurisdicciones que no cooperen en cuestiones de impuestos o blanqueo de dinero no se beneficien de los recursos aportados.
Durante el proceso, la Eurocámara contará con un estatus de "observador" y la Comisión Europea deberá informar al PE antes de tomar una decisión importante en materia de inversión.
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