Dos jueces especiales controlarán el centro de extranjeros de Barcelona

Dos juzgados de Barcelona velarán en breve -en cuanto la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les dé la autorización definitiva-, por la estancia de las personas ingresadas en el centro de internamiento de extranjeros (CIE), según acordó hace unas semanas, en su última reunión ordinaria, la junta de jueces, a propuesta de la decana de los juzgados de instrucción. La medida responde a una antigua reclamación de abogados, oenegés, entidades de defensa de los derechos humanos y algunos partidos políticos, que ven con preocupación la situación de limbo legal que existe actualmente en estos centros de internamiento.

En principio, según ya prevé el artículo 62 de la ley de extranjería, el cometido de estos órganos judiciales será el de resolver los expedientes de vulneración de derechos de las personas que han sido internadas en un CIE. «Este juez -agrega la ley- podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente».

No serán de su competencia, sin embargo, los expedientes de expulsión de estos internos, que seguirán dependiendo de los jueces que decretaron el traslado al centro de internamiento. Con todo, los colectivos que trabajan en el sector consideran todo un logro que Barcelona tenga por fin magistrados especialmente dedicados a controlar qué ocurre en el interior de estas instalaciones, en lo que vendría a ser el equivalente de los juzgados de vigilancia penitenciaria en el caso de la prisiones. Hasta ahora, estas labores las realizaba el juez de instrucción de guardia. Con la designación de estos dos jueces especiales serán siempre las mismas dos personas -y no una distinta cada semana- quienes desempeñen estas funciones.

DOS AÑOS DE DEMORA/ «La medida se introdujo como novedad en la última reforma de la ley de extranjería, aprobada en el 2009 y pactada entre el PSOE, el PNV y CiU, y con ella se busca garantizar un mayor control de los CIE», explicó ayer el diputado convergente Carles Campuzano, que fue uno de los promotores de la iniciativa.

Tras dos años esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habilitara los medios para crear estos juzgados específicos, los jueces de Barcelona han tomado la iniciativa. «Empezaba ya a ser urgente que se arbitrara un mecanismo de control», destacó Campuzano.

La designación de los dos jueces especiales, agregó el diputado de CiU, permitirá actuar con mayor celeridad en los casos de presunta vulneración de derechos en que se vean involucrados internos del CIE de la Zona Franca , el único que hay en Catalunya. Los expedientes también podrán tener a partir de ahora un seguimiento regular y exhaustivo, de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho en repetidas ocasiones la oficina del Defensor del Pueblo.

«La propuesta de la decana prevé que haya turnos de un año, de manera que cada 12 meses serán designados otros dos juzgados distintos como responsables del control del CIE», explicaron fuentes del TSJC. El objetivo de esta rotación es que los jueces de instrucción que tengan que asumir las nuevas funciones no se vean obligados a soportar una carga adicional de expedientes por el hecho de sumar esta nueva tarea a su trabajo habitual.

INSPECCIONES DE LA FISCALÍA/ Buena parte del control del CIE lo ha desarrollado hasta ahora la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona, que ha realizado distintas inspecciones en las instalaciones. La última de ellas, en el 2011, fue a raíz de una petición hecha por el fiscal de extranjería, Fernando Rodríguez Rey, que reclamó un informe exhaustivo sobre la asistencia sanitaria que se presta. La información se requirió tras el suicidio, en mayo del 2010, de un joven marroquí que estaba ingresado en el centro barcelonés a la espera de ser expulsado de España. Ya entonces, como también ha ocurrido ahora con el fallecimiento del guineano Idrissa Diallo, se constató que no había asistencia médica durante las 24 horas.