La alarma es constitucional

El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declaró ayer a EL PERIÓDICO que el estado de alarma «es constitucional». Conde-Pumpido explicó a este diario que era la mejor salida jurídica para poner fin a la situación de «calamidad pública» que habían provocado los huelguistas al «paralizar la prestación de un servicio público» como es el derecho a volar y para obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo.

El decreto del Gobierno puede ser impugnado por los controladores ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Sin embargo, Conde-Pumpido está seguro de que el alto tribunal lo refrendará, ya que fue una medida «proporcionada» ante una situación provocada por los controladores que «afectaba a multitud de personas» . Asimismo, defendió la movilización y puntualizó que los controladores no han sido militarizados. «El Gobierno está facultado para tomar este tipo de medidas ante una situación de catástrofe nacional», explicó.

La misma tesis es defendida por el Ministerio de Justicia. Fuentes de este departamento explicaron que el Gobierno buscó desde el inicio del conflicto una solución jurídica para obligar a los huelguistas a volver al trabajo. Tras constatar que los controladores no se dieron por enterados de que el Gobierno había cedido el control del espacio aéreo a Defensa, se optó por decretar el estado de alarma porque era «la medida de más baja intensidad» . Por ello, el Gobierno tuvo que desempolvar la ley de los estados de alarma de 1981, que no se había aplicado desde que entró en vigor.

Ahora, la fiscalía se centra en evitar que a los controladores les salga gratis su actuación. Fuentes fiscales han adelantado que la secretaría técnica de este organismo redacta un informe sobre los datos recabados por las distintas fiscalías que han abierto diligencias contra los huelguistas por un delito de sedición del código de navegación aérea. El fiscal general del Estado ha convocado para el martes una reunión para analizar toda la información y decidir si opta por judicializar este caso y ante qué tribunal.

Fuentes del Ministerio de Justicia consideran que el tribunal competente debería ser la Audiencia Nacional. Paralelamente, AENA estudia presentar una demanda civil contra los controladores.

La definición

Fuentes del Ministerio de Justicia también defendieron la prórroga del estado de alarma hasta el 19 de diciembre para que dé tiempo a saber la reacción que toman los controladores ante el envite del Gobierno. Y es que, según las fuentes consultadas, los huelguistas «creen que son una casta que consigue todo lo que quiere».