La fiscalía remite al Supremo una investigación contra una diputada de ICV

La Fiscalía de Barcelona ha remitido a su homóloga en el Tribunal Supremo, en Madrid, una investigación por presunta prevaricación administrativa (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra la hasta hace poco directora de Medi Natural de la Generalitat, Núria Buenaventura, ahora diputada de ICV en sustitución del candidato ecosocialista Joan Herrera.

La acusación publica considera irregular la resolución firmada en julio del 2009 por la que entonces directora general en la que autorizaba en toda Catalunya la captura "excepcional" en vivo de pájaros para "estudio experimental" utilizando un pegamento (vesc en catalán) que se aplica en los árboles. Esta práctica está considerada ilegal y, a pesar de ello, se otorgaron un total de 3.374 licencias.

Buenaventura, que ya ha declarado como imputada ante miembros del Seprona (Guardia Civil), es aforada por su condición de diputada y, por lo tanto, es a la Fiscalía del Supremo la que deberá decidir si se presenta finalmente o no una querella contra ella por el presunto delito de prevaricación. Buenavetura prometió su cargo como diputada el pasado 28 de octubre.

Los límites legales

Elvescestá prohibido a nivel general en los países de la Unión Europea y su uso ha sido castigado por los tribunales de justicia. Este método cinegético solo está permitido excepcionalmente y bajo autorización para, por ejemplo, el control justificado por parte de las administraciones públicas de determinadas especies de vertebrados, entre ellos las aves fringílidas. La ley española y la normativa catalana han recogido esta prohibición y la autorización en supuestos especiales.

La resolución dictada por la Generalitat permitía la captura excepcional de ejemplares macho de cuatro especies (jilguero, verderón, pinzón y pardillo) con un máximo de ejemplares por día y temporada, limitada en 30 días por persona y del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2009.

"Flagrante vulneración"

La que fuera directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, aseguró el pasado mes de mayo a EL PERIÓDICO que la autorización era para hacer un estudio para saber si el sistema era o no selectivo "y se ha demostrado que no lo es --afirmó--. Por lo tanto, seguirá prohibido".

Sin embargo, cuando se abrió la investigación, la fiscalía defendió que esta resolución "constituye una flagrante y grosera vulneración" de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, pues pretende dar "apariencia de cobertura legal a lo que no son sino subsiguientes e ilegales autorizaciones administrativas para el uso y empleo ilícito" del método denominadovesc. También objetó que el número de autorizaciones otorgadas, 3.374, es "notoriamente" excesivo si no "desorbitado", para realizar un estudio científico experimental.