PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
Urdangarin y Torres negocian un acuerdo para evitar la cárcel
J. G. ALBALAT / Barcelona
MARISA GOÑI / Palma
Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres están negociando un acuerdo para presentar un pacto conjunto ante la Fiscalía Anticorrupción que consistiría en devolver el dinero malversado a través del Instituto Nóos, que ambos dirigían, y evitar el ingreso en prisión. Según han confirmado fuentes próximas a la causa, los entornos de ambos imputados están cuantificando los términos económicos y jurídicos de la propuesta.
En principio, está previsto que el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, se reúnan en los próximos días, por separado, con miembros de la fiscalía, a iniciativa de esta institución, que se ha mostrado receptiva a que se llegue a un acuerdo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En definitiva, los dos principales imputados deben estar dispuestos a reconocer conductas investigadas y asumir el pago de la responsabilidad civil que se fije para cubrir los perjuicios provocados a las arcas públicas de distintas administraciones, en especial, Baleares y la Comunitat Valenciana.
La reparación del daño abriría la espita de la reducción de la petición de pena, que permite a la administración de justicia actuaciones más condescendientes con los arrepentidos. El objetivo de Urdangarin y Torres pasa por que la petición de pena de cárcel sea inferior a los dos años, ya que la legislación permite, en estos supuestos, que el imputado no ingrese en prisión. Torres también exige la exculpación de su mujer. Los fiscales anticorrupción en Baleares ha gestionado de forma hábil estas herramientas en otros casos, a fin de lograr testimonios de arrepentidos que han confesado a cambio de un trato penal más favorable.
LOS 'E-MAILS' / Aunque la negociación sigue abierta, tanto a Urdangarin como a Torres les interesa llegar a un acuerdo debido al interés común por evitar el ingreso en prisión, y por los derroteros que puede adquirir la causa si se descubren nuevos actos sospechosos. Los contactos entre las personas que están negociando se han intensificado desde la incorporación al sumario decorreos electrónicos del duque de Palma, facilitados al juez José Castro por el letrado de Torres, donde se ponían de manifiesto actuaciones del Rey que la infanta Cristina trasladó a su marido.
«Tengo un mensaje de parte del Rey que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps [el expresidente de la Generalitat Valenciana] a Pedro [armador y regatista] para comentarle el tema de la base del Padra [para la Copa América] y que, en principio, no habrá problemas y que nos ayudarán a tenerla», decía uno de lose-mailsenviados por Urdangarin a Torres en octubre del 2007, cuando se suponía que habían roto su relación mercantil por orden de la Casa del Rey. «El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxà (Iberostar) y, sorprendentemente, Miguel no sabía nada del proyecto. Claro, se ha quedado un poco parado», le comentó en otro correo el duque de Palma a su exsocio sobre otra gestión del Monarca.
La entrega de estas misivas al juez fue motivada por el enfado de Torres al ver que el marido de la infanta Cristina defendía en un escrito remitido al juzgado que la esposa de su exsocio, Ana Tejeiro, siguiera imputada en la causa, puesto que apreciaba que su actuación en el entramado de Nóos no era comparable al de la hija del Rey, quien fue vocal de la fundación y copropietaria, con su marido, de Aizóon, una de las empresas a las que, presuntamente, se desvío dinero público.
EL CONSTRUCTOR / El juez, mientras, continúa con su labor. A las 14 citaciones para el 14 de mayo en Valencia, ayer sumó la del constructor Domingo Díaz de Mera. El magistrado está interesado en conocer si realmente pagó a Urdangarin por servicios de consultoría o se trata de una coartada para ocultar otros trasiegos económicos. El juez también ha fijado para el 22 de mayo la comparecencia de Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes, que ha solicitado expresamente declarar en Palma.
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