Las negociaciones entre las defensas de los imputados en el 'caso Pallerols', el fiscal, la Generalitat y Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se han cerrado con un acuerdo que evitará un juicio que estaba previsto que durara hasta mayo . El caso investiga la supuesta financiación ilegal del partido democristiano y un presunto fraude de subvenciones por parte de exaltos cargos de la Administración autonómica, antiguos militantes de UDC y el empresario andorrano Fidel Pallerols. Los acusados han admitido los hechos y UDC ha aceptado devolver a la Generalitat 388.000 euros, según fuentes judiciales. El partido, que figura en la causa como responsable civil subsidiario y también como participe a título lucrtivo,  ha depositado ya  este martes por la mañana en el juzgado 300.000 euros, aunque oficialmente figura la fuerza política y los cautro principales imptuados.

La cantidad que ha aceptado devolver el partido a la Generalitat, que ejerce la acusación, es inferior a la solicitada inicialmente, que ascendía a 800.000 euros. Según fuentes judiciales, la rebaja se debe a que al final se ha fijado la cantidad acreditada como desviada.

Condenas menores y exculpaciones

El acuerdo supone, además del reintegro a las arcas públicas del dinero, el reconocimiento de las acusaciones y la rebaja de la pena para evitar el ingreso en prisión. Así, la condena para el exdirector general de Ocupació Lluís Gavaldà por malversación de fondos públicos es de un año y medio y una multa, mientras que para Pallerols y para el exsecretario de organización de UDC Vicenç Gavaldà, hermano del exdirector general de Ocupació, el juez ha fallado 7 meses de prisión y multa por un delito de falsedad y fraude de subvenciones. Para el exmilitante de Unió Santiago Vallvé, la pena es de multa por un fraude de subvenciones. La mujer de Pallerols, Mari Cruz Guerrero, y la exsubdirectora general de Ocupació Dolors Llorens han sido exculpadas. La suma de las multas asciende a unos 260.000 euros y deberán ser pagadas por los acusados 

El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha rebajado las penas inicialmente solicitadas, que ascendía hasta los cinco años de pirisón, teniendo en cuenta la reparación del daño (devolución del dinero) y las dilaciones indebidas en el proceso judicial, que se inició hace 13 años. 

La vista, que iba a tener lugar este lunes, fue aplazada hasta este martes a la espera de que las partes llegaran a un acuerdo, que finalmente se ha dado y ha permitido llegar a una sentencia de conformidad.