El Govern afirma que garantizará la seguridad jurídica de los funcionarios pese al revés del TC al referéndum

La portavoz del Govern de la Generalitat, Neus Munté, ha afirmado este martes que la providencia del Tribunal Constitucional (TC) no varía un ápice "el compromiso" del Ejecutivo con el referéndum de autodeterminación, cuya celebración sigue estando prevista para, como máximo, finales de septiembre. "La máxima novedad que aporta el documento del TC sobre los presupuestos de la Generalitat es la extensión de las advertencias a miembros que no son propiamente del Gobierno, sino altos cargos", ha señalado Munté quien detecta "cierto interés por hacer ver que la gestión del Ejecutivo catalán no se ajustan a derecho, algo que no es cierto".

Munté también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad al funcionariado, ante la lógica previsión de que las advertencias del TC pueden ir bajando de escalafón hasta llegar a los trabajadores públicos. "La seguridad jurídica de los funcionarios es una prioridad de primer orden para el Govern", ha sentenciado.

Entrando ya al detalle de la providencia del TC, Munté ha afirmado que las partidas impugnadas, que hacen referencia a procesos electorales y procesos participativos, se adecúan a als competencias autonómicas de las que dispone el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

ACUERDO 'FUENTEOVEJUNA'

La también ‘consellera’ de Presidència ha afirmado asimismo que no ve peligro alguno en que el TC ataque además el acuerdo del Govern del pasado 21 de marzo por el que todos los ‘consellers’, el vicepresidente y el ‘president’ se adjudicaban de manera colegiada la autoría de la orden  a los distintos departamentos de dar inicio a los preparaivos del referéndum. "Ese acuerdo del Ejecutivo se refiere a una racionalización del gasto en los procesos electorales. No tiene nada que ver" ha sentenciado Munté, haciendo bueno aquello de no reconocer en público lo que se aprueba pensando en la consulta vinculante.

Ciutadans, PSC y PP, por su parte, han recibido sin sorpresa la providencia del TC sobre unos presupuestos que el Consell de Garanties Estatutàries ya advirtió de que era "ilegal", como ha explicado la portavoz socialista Eva Granados. "Es lo que tenía que pasar porque el Govern se empecina en saltarse la ley", ha afirmado.