INVESTIGACIONES POR PRESUNTOS FRAUDES

El 'caso Palau' sube el telón de los grandes juicios por corrupción en Catalunya

redada de los mossos en el palau de la musica despues de la 170223183345

redada de los mossos en el palau de la musica despues de la 170223183345 / periodico

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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Empieza la función. Aunque hace unos días se inició el juicio a exaltos cargos de la Fundació Catalunya i Territori Fundació Catalunya i Territori por presunta estafa y financiación ilegal de Unió, los principales casos de corrupción en Catalunya comenzarán a juzgarse el próximo miércoles. Subirá el telón la vista por el saqueo del Palau de la Música en la época de Félix Millet y Jordi MontullPalau de la MúsicaFélix MilletJordi Montull y el supuesto pago de comisiones por parte de Ferrovial a la extinta CDC a través de la institución musical. Durante 55 sesiones y hasta al menos el 27 de junio se irán desgranando las tropelías de los dos exresponsables del auditorio barcelonés. Se esfumaron hasta 34 millones de euros, según los nuevos gestores de la entidad, y solo se han recuperado unos seis. En el banquillo se sentarán 16 acusados, entre ellos Millet, Montull, el extesorero de CDC Daniel Osácar y directivos de la constructora Ferrovial.

El juicio se celebrará casi ocho años después de que los Mossos registraran las oficinas de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. El 23 de julio del 2009, el llamado "oasis catalán" empezó a temblar. La Agencia Tributaria detectó que entre el 2003 y el 2004 se retiraron cantidades ingentes de dinero del Palau. Agentes de la policía autonómica, dirigidos por un juez de Barcelona y el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, entraron en el edificio. Nueve horas estuvieron. La investigación se centró entonces en el presunto desvío, en el 2003 y 2004, de 2,3 millones de euros. En septiembre del 2009, Millet y Montull confesaron en una carta remitida al juez haberse apropiado para fines particulares de 1,6 millones y 200. 000 euros, respectivamente, de la entidad que habían dirigido. Y depositaron ese dinero.

Pero lo que en un principio parecía un simple saqueo del auditorio se fue complicando. Y más cuando se descubrió que, con nocturnidad, alevosía y pocas horas después del registro de los Mossos, un ordenanza del Palau sustrajo del emblemático edificio modernista varias bolsas con documentos. Las cámaras de seguridad del exterior lo grabaron. Cuando, por orden del juez, la policía registró el apartamento donde podían haber ido esos documentos, el 18 de septiembre del 2009, ya no había nada.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

Las implicaciones políticas empezaron a relucir en octubre de aquel año cuando EL PERIÓDICO publicó que Millet ayudó económicamente a Àngel Colom, exlíder de ERC y ahora en CDC, para sufragar las deudas del efímero Partit per la Independència (PI) tras su disolución, a finales de 1999. Después trascendió que la Fundació Ramon Trias Fargas, vinculada a Convergència, recibió más de 600.000 euros del Palau. Y, por último, este diario publicó en noviembre del 2010 una serie de documentos que apuntaban que Millet canalizó aportaciones de la constructora Ferrovial para satisfacer la contraprestación de obras públicas adjudicadas en los últimos gobiernos de CiU, como la Ciutat de la Justícia (donde ahora se hará el juicio) y la Linea 9 del metro. La fiscalía considera que CDC suscribió un “pacto criminal estable” con Ferrovial para el cobro de comisiones que superó los 6,6 millones de euros. De ahí que se acuse al partido como responsable civil a título lucrativo.

Pero el ‘caso Palau’ se mezclará con otro proceso judicial sonado, aunque este será en Madrid, en la Audiencia Nacional. El 13 de marzo comenzará a juzgarse (si no se llega a un acuerdo antes) el ‘caso Pretoria’‘caso Pretoria’, que estalló en el 2009 con detenciones de políticos, funcionarios y constructores. Se trata de un asunto de presunta corrupción urbanística que afecta a exaltos cargos de los gobiernos de CiU con Jordi Pujol (el 'exconseller' de Economia Macià Alavedra y el exsecretario de Presidència Lluís Prenafeta) y del PSC (el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi'). Los jueces deberán examinar si los investigados encubrieron suculentas comisiones a cambio de adjudicaciones.

EL 3% DE ADIGSA

Ya en mayo, con el juicio contra Millet y compañía en su ecuador, se celebrará el juicio por el ‘caso Adigsa’,  sobre un presunto pago de comisiones que empezó a investigarse cuando en el 2005 Pasqual Maragall insinuó en el Parlament que CiU cobraba por adjudicaciones de obras: “Ustedes tienen un problema que se llama 3%”, espetó a los convergentes. Pero el caso ha llegado un poco desinflado y solo se juzgará a altos cargos de la empresa pública Adigsa por irregularidades en la rehabilitación de pisos de segunda mano. La fiscalía reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila, y 9 años y 6 meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Salas. También está acusado un técnico externo.

El último de los juicios por presunta corrupción hasta ahora señalados, en concreto para octubre, es el que sentará en el banquillo de los acusados a los miembros de la antigua cúpula de la Associació Catalana de Municipis (ACM)Associació Catalana de Municipis (ACM), encabezada por su exsecretario general Josep Maria Matas, que se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel, la misma pena reclamada para el que fuera jefe de los servicios jurídicos de esta entidad nacionalista. Están imputados por el presunto desvío de 960.000 euros de fondos de la ACM en beneficio propio.

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