El PSC se desmarca de las multas lingüísticas de ERC

En el reparto de competencias que hizo el tripartito a principios de la legislatura, los socialistas dejaron en manos de ERC la gestión de las multas que se imponen a los comerciantes que no tienen rotulados sus establecimientos en catalán. Son las sanciones lingüísticas reguladas por ley desde hace 12 años y que se han convertido en uno de los discos preferidos del PPC, Ciutadans y sus afines. Y ya sea por el ruido de la caverna mediática o porque Esquerra ha estrechado el cerco a los comerciantes, el resultado es que el PSC ha decidido matizar su posición respecto a dichas multas. De ahí que, en el programa electoral que aprobarán este fin de semana, los socialistas se desmarquen de las polémicas sanciones, aunque sin llegar a prometer su supresión en el futuro.

«Trabajaremos desde el fomento, no desde la coacción ni el enfrentamiento. Las sanciones no son una buena práctica para una política lingüística en positivo», se subraya en el apartado dedicado a la política lingüística. Se trata, según el responsable del programa, Pep Martí, de hacer más pedagogía e intentar convencer a los empresarios antes de llegar al extremo de la sanción. O sea, mejor por las buenas. La Agència Catalana de Consum, dirigida por Jordi Anguera (uno de los fichajes de Joan Laporta), siempre ha defendido que la Generalitat no persigue a nadie por no utilizar el catalán en sus comercios y asegura que antes de multar se avisa al comerciante y se le da un tiempo para adaptar la rotulación a la norma. En el 2007 las sanciones ascendieron a un total de 136.000 euros; en el 2008, a 208.400, y el año pasado descendieron hasta los 148.100. Este año ha entrado en vigor el Codi de Consum que incluye una actualización del importe de las multas, que en algunos casos pueden llegar a los 10.000 euros.

DEBATES INTERNOS / En el borrador de programa electoral que el PSC debate y aprueba este fin de semana, se incluye la necesidad de «equilibrar» la distribución de alumnos inmigrantes también en las escuelas concertadas, aunque entre la militancia socialista existen voces contrarias a imponer este modelo.

Tampoco existe acuerdo respecto al papel que el PSC debe adoptar en el Congreso de los Diputados. Después de que EL PERIÓDICO informase de que una docena de agrupaciones del partido quieren mostrar más perfil propio en Madrid, ayer dirigentes socialistas se pusieron en contacto con distintos impulsores de estas enmiendas para reclamarles que las retiren y avisarles de que en caso de no hacerlo no tienen ninguna posibilidad de prosperar. El argumento utilizado es que este tipo de decisiones se adopta en los congresos del partido y que, por lo tanto, ahora no toca abrir ese melón.

En cambio, el programa aboga por reabrir el debate sobre la reforma constitucional y, si se consigue, intentar que vaya más allá de la reforma del Senado y permita recuperar capítulos del Estatut mutilados por el Tribunal Constitucional (TC). Sería el caso, por ejemplo, de aquellos vinculados a la justicia. El PSC prepara también el terreno para defender el copago en la sanidad. Es cierto que en el programa no se cita explícitamente este modelo, pero se abre la puerta a establecer «pagos simbólicos» en determinados servicios, teniendo en cuenta siempre el nivel de renta de los usuarios.

Los socialistas han redactado un programa mucho más escueto que en anteriores campañas y se han reservado las promesas más concretas -«las actuaciones más directas», según los responsables de su contenido- para que las vaya anunciando el candidato, José Montilla.