La Audiencia Nacional admite un recurso contra Zapatero por utilizar un avión oficial para asuntos privados

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el que solicita que el jefe del Ejecutivo devuelva a las arcas públicas los gastos derivados del uso del avión oficial "para fines particulares suyos y de su partido".

"Zapatero ha generado responsabilidad patrimonial personal ya que debe de devolver al erario público los gastos realizados en bienes públicos para fines puramente particulares suyos y de su partido", recalca el recurso de la asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, autor de algunas de las querellas contra el juez Baltasar Garzón. El recurso recuerda que cuando los expresidentes José María Aznar y Felipe González viajaban a mítines, sus partidos les alquilaban aviones en los que iban con sus dispositivos de seguridad. Pero, a su juicio, el actual presidente "ha preferido ahorrarle a su partido esos costes de alquiler de avión privado en un trayecto nacional y esos más elevados que conllevó el uso de un Airbus del Estado para desplazarse a Londres de compras o a llevar a su hija al colegio".

El coste del uso del Falcon es "indeterminado" porque la Asociación Preeminencia del Derecho desconoce lo que cuestan los servicios públicos "defraudados o puestos al servicio de necesidades privadas", por lo que solicita a la Audiencia Nacional que lo dilucide.

A un mitin y al colegio

Los denunciantes también han remitido un escrito al Ministerio de Administraciones Públicas en el que relatan que Zapatero usó un avión oficial para acudir a un mitin del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla), "debiendo tal gasto ser resarcido por él o por su partido, beneficiario del ahorro de un gasto particular". Además, Zapatero usó el mismo avión oficial para ir a otro mitin en Asturias.

El recurso también apunta que en el 2006, el presidente usó el avión oficial para llevar a su hija al colegio en Inglaterra lo que, en su opinión, "infringe el principio de sumisión de los bienes públicos al interés general y no al interés personal de quien ocupa la presidencia del Gobierno", así como "la obligación de no valerse el alto cargo de bienes públicos para fines particulares impuesta por el Código del Buen Gobierno".