Los economistas asesores políticos

Aviso para los lectores: voy a criticar -o a defender, según se mire- a mis colegas economistas, pero lo mismo vale para los demás científicos sociales. Ahora que estamos en periodo de elecciones, nos parece que nuestra opinión debe ser tenida en cuenta: ¿cómo puede alguien proponer soluciones a problemas económicos sin contar con nuestros conocimientos? Bueno, el hecho es que los políticos no nos hacen caso. O mejor, que nos hacen un caso selectivo.

El problema empieza por la manera como entendemos el proceso de asesoramiento a los políticos. Partimos del supuesto de que los gobernantes se esfuerzan por conseguir los mejores resultados para sus conciudadanos; de que los gobernantes necesitan el asesoramiento de los expertos para elaborar sus políticas; de que, cuando asesoran a los políticos, los economistas tratan de ser neutrales, buscando siempre la verdad y lo mejor para los ciudadanos, y de que los científicos podemos, sabemos y queremos dar un consejo claro, honesto y sin ambigüedades.

Pero todo esto no es realista. Los economistas, lo mismo que los demás científicos sociales, tenemos nuestras preferencias políticas e ideológicas, que nos parecen totalmente razonables porque suponemos que se basan en supuestos científicamente sólidos, que son nuestra manera de ver el mundo. Y los políticos, claro, tienen también sus preferencias. Y se mueven por sus propios intereses, empezando por el deseo de ganar las elecciones.

La consecuencia de esto es que los políticos, probablemente, leen (preferente, aunque no exclusivamente) los informes de los expertos que aconsejen lo que está de acuerdo con sus preferencias. Y, claro, a la hora de pedir esos informes acuden a aquellos de los que esperan que les digan lo que ellos quieren oír. Y los expertos, si quieren tener éxito en su tarea como asesores, tratarán de inclinar sus recomendaciones hacia los que consideran sus lectores potenciales. ¡Y no olvidemos a los burócratas!, que tienen que poner en práctica las decisiones de los políticos y que, claro está, no querrán cortar la rama del árbol en la que están sentados.

Si he escandalizado a mis lectores, lo siento. Pero me parece que no les he escandalizado, porque todos sabemos que cuando un centro de investigación elabora un informe para una fundación ligada a un partido o a una línea ideológica, está claro lo que podemos esperar de ese informe.

Y no hay en ello, necesariamente, una falta de ética científica. En economía sabemos muy bien que un estudio econométrico lleno de cifras admite varias interpretaciones, entre otras razones porque los supuestos de las conductas que aquellas cifras reflejan no están claramente definidos.

Por ejemplo, un estudio sobre la pobreza de las familias de los parados puede concluir que hay que aumentar la cuantía y duración del subsidio de desempleo. Esto, lógicamente, puede hacer que algunos beneficiarios se decidan a vivir del subsidio y no hagan esfuerzos para encontrar un empleo. El experto que elaboró el estudio puede concluir que esto último es poco importante porque la situación de pobreza es trágica o porque lo que desean los parados es trabajar y ganarse la vida por ellos mismos. O puede concluir que el riesgo de crear una cultura de dependencia del subsidio es suficientemente alto como para no recomendar el aumento del subsidio, y buscar otras alternativas. O puede no hacer ninguna recomendación, y dejar que sea el político el que la formule.

Ya sé que esto no vale para todos los políticos ni para todos los expertos, pero no podemos ser ingenuos y pensar que todos los informes de los científicos sociales son objetivos, serenos y desapasionados; ni mucho menos que los políticos buscan informes no sesgados. Por eso, cuando los medios de comunicación titulan una noticia como Los expertos aconsejan que…, lo mejor que podemos hacer es dudar de la seriedad de esa noticia. No son todos los expertos, ni usan siempre los datos y los métodos mejores, ni actúan de manera totalmente desinteresada. Y que me perdonen los que sí actúan de este modo.

¿Qué podemos hacer? El diálogo y la transparencia son los mejores remedios. Favorecer el debate, exponer claramente todos los datos y sus fuentes, abrir la discusión a los temas más profundos. Por ejemplo, en el caso del subsidio de desempleo mencionado antes, ¿qué sabemos sobre el cambio de actitud de la gente cuando cambian los incentivos?

Aviso a las universidades: ¿fomentamos esa apertura de mente en nuestros profesores y alumnos? Algunos se quejan de que ese debate no existe: ¿es esto lo mejor para el futuro de nuestra enseñanza superior? ¿Descalificamos a alguien en esas discusiones porque es de izquierdas, o de derechas, o pro life, o pro choice, o pro mercado o pro gobierno…?