Castor y la corrupción sistémica
El coste multimillonario de una obra peligrosa y estéril exige explicaciones, disculpas y responsabilidades políticas. Mejor no esperen nada de eso
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El Castor no reabrirá debido al riesgo de graves terremotos_MEDIA_2
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Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Significativamente, el 'caso Castor' ha merecido una atención política y mediática muy inferior a la de otros escándalos en los que el quebranto de las arcas públicas --o robo, para entendernos-- es de menor cuantía. Por no merecer, ni ha merecido la categoría de 'caso', tal vez porque no constan cobros de comisiones ni financiación irregular de partido alguno. Lo que no obsta para que se trate de la peor de las corrupciones: la sistémica.
Justo antes de que explotara la burbuja económica, parecía una buena idea aprovechar cavidades geológicas para almacenar gas, garantizando las reservas a precio razonable en pleno tirón del consumo. Así lo consideró el Ministerio de Industria, con Joan Clos al frente, al planificar no uno sino seis depósitos, con un coste total de 1.400 millones de euros. El mayor y más caro, submarino y a 21 kilómetros del delta de l'Ebre, era el Castor, estimado en 500 millones.
Tres años más tarde, el ministro Miguel Sebastián adjudicaría la construcción y explotación del Castor a un consorcio liderado por la ACS de Florentino Pérez. Nadie aclaró entonces por qué el importe de la obra había pasado de 500 a 1.350 millones.
ENTIERRO DE LA POLÍTICA
Ni las protestas ni las advertencias sobre los riesgos sísmicos bastaron para abortar el Castor. Solo los fuertes temblores del 2013 forzaron al Gobierno a paralizar su funcionamiento, cuando ya estaba hecho todo el mal... pero no todo el gasto: a la indemnización exprés para ACS, comprometida por un Gobierno socialista y desembolsada por uno del PP, se suman los intereses --4.700 millones en total, a pagar por los consumidores-- y el millonario mantenimiento de una infraestructura fallida, que sufragarán los contribuyentes.
Tal cúmulo de errores de planificación y tan escaso celo en la administración de los recursos públicos exigirían, más allá de la investigación judicial, una rendición pública de explicaciones, una presentación colectiva de disculpas y la asunción de responsabilidades políticas. No esperen nada de eso: el Castor es otro pozo sin fondo en el que se entierra el prestigio de unos pocos, los políticos, junto al dinero de todos.
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