Rusia anuncia un vasto programa de privatizaciones de empresas públicas para afrontar la crisis

La palabra 'privatizar' no goza de buena reputación en Rusia, en especial entre la población adulta, que sufrió las estrecheces económicas que sobrevinieron tras el derrumbe de la URSS. En lugar de mejora de la gestión y beneficios para la colectividad, la venta de propiedades públicas sigue aún asociada, en la psique colectiva de los rusos, a la gestación de una nueva clase social, los oligarcas, que a precios de saldo obtuvieron algunas de las más rentables empresas estatales soviéticas.

Pero la crisis que afronta Rusia debido a la caída de los precios del petróleo, cuyos impuestos constituyen la mitad de los ingresos del Estado, ha forzado al Gobierno a rescatar el vocablo, planteándose un nuevo programa de privatizaciones que afectaría a algunas de las compañías públicas más emblemáticas: Aeroflot, la aerolínea de bandera; Alrosa, un grupo de empresas mineras líder en la extracción de diamantes; RostelecomRostelecom, el principal proveedor ruso de telefonía a larga distancia; Rosneft, que extrae el 40% del petróleo ruso; o Sovcomflot, naviera especializada en el transporte de crudo y gas licuado. El objetivo consiste en recaudar un billón de rublos, unos 11.600 millones de euros, destinados a enjugar el agujero presupuestario causado por el crudo barato.  

CONDICIONES DE PUTIN

Aunque pocos detalles han salido a relucir, el propio presidente, Vladímir Putin, en una reunión con los ministros del ámbito económico, se encargó de fijar los parámetros del proceso: "No debe producirse una venta de acciones a precios de saldo; esto no ayudará al presupuesto". Más concretamente, el líder del Kremlin exigió, según Védomosti, que los compradores de activos estén establecidos en la jurisdicción rusa y que el Gobierno impida ocultaciones "de titulares de las acciones" o  "salida de activos a zonas 'off shore'", en una economía que precisamente ha venido padeciendo de un grado muy elevado de fuga de capitales a paraísos fiscales.

Los analistas locales creen que hay razones para pensar que no se repetirá la dolorosa experiencia de los 90. "Las condiciones son muy diferentes que entonces", valora telefónicamente Mijaíl Ganelin, analista en IK Aton, un grupo inversor ruso implantado desde 1991. "Tenemos una bolsa de valores, unos inversores potenciales que no tiene nada que ver con lo que entendíamos en los 90 por oligarca; en suma, nuestra economía está más desarrollada", insiste. Respecto a la capacidad de que un país como Rusia, bajo el peso de las sanciones, atraiga inversores internacionales, Ganelin responde con una frase: "Todo se reduce" a la ecuación de "riesgos frente a beneficios potenciales".

Según Aleksándr Nektórov, socio del bufete Nektórov, Saveliev y Asociados, el Gobierno decidirá "en cada caso" si pone a la venta un paquete minoritario de acciones o accede a perder el control de la empresa, al tiempo que recuerda que la legislación permite "el derecho de veto" del Gobierno en votaciones sobre "determinadas cuestiones". Admite, no obstante, que si la privatización se hubiera emprendido "un año antes", "las ganancias de la venta de activos hubieran sido significativamente mayor".   

Uno de los procesos más avanzados afecta a Sovcomflot, perteneciente en su totalidad al Estado. Se trata de poner a la venta un paquete de acciones del 25% menos una, con la que el Gobierno espera conseguir el equivalente a 139 millones de euros. Rosneft será sin duda la joya de la corona, por cuya venta de un paquete de acciones por determinar el Estado aspira a conseguir, según Anton Siluanov, ministro de Finanzas, 5.800 millones de euros.