Amnistía denuncia la situación de más de 60 millones de desplazados en el mundo

Amnistía internacional (AI) advierte, en la presentación de su informe anual, que los gobiernos de muchos países han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas. Salil Shetty, secretario general de la organización, ha afirmado que "no solo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen".

La organización ha documentado en su informe el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo y las ha cifrado en al menos 60 millones. Más de 122 estados han ejercido la tortura u otros malos tratos y 29 obligaron ilegalmente a personas refugiadas a volver a sus países de origen donde corrían peligro. Gobiernos o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las 'leyes de la guerra' en al menos 19 países y se violó el derecho internacional humanitario. Además en 113 países se restringió de alguna manera el derecho de expresión y de libertad de prensa, en al menos 61 se encarceló a presos de conciencia, y en más de la mitad (en el 55%) se impartieron juicios injustos. 

FRACASO DE LA ONU

Estos datos, recogidos en el informe anual 2015-1016 elaborado por la organización, ilustran tan solo algunas de las acusaciones que Amnistía Internacional ha lanzado contra los gobiernos de más de 160 países. "Muchos gobiernos han impedido a propósito que la ONU actúe para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de estas atrocidades, y no han escuchado o han despreciado las recomendaciones destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos", explica el informe. "El conflicto sirio es un ejemplo terrible de las consecuencias catastróficas del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas", añade.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Condena a la detenci\u00f3n\u00a0de los titiriteros de Madrid, un ejemplo espa\u00f1ol","text":"Amnist\u00eda Internacional se ha sumado a la condena por la detenci\u00f3n durante cinco d\u00edas de dos tiriteros en Madrid, durante el carnaval, acusados de enaltecimiento del terrorismo\u00a0por representar una obra en la que se exhibi\u00f3 el cartel 'Gora Alka-ETA'. Los cargos contra Alfonso L\u00e1zaro de la Fuente y Ra\u00fal Garc\u00eda P\u00e9rez por su representaci\u00f3n siguen en vigor.\u00a0Ambos\u00a0deben comparecer a diario en el\u00a0juzgado o comisar\u00eda m\u00e1s cercana\u00a0a sus residencias, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del pa\u00eds. Unas medidas que, seg\u00fan la organizaci\u00f3n internacional, son \"restrictivas y\u00a0desproporcionadas, por mucho que el contenido de la obra pudiera ser inadecuado, al representarse ante un p\u00fablico mayoritariamente infantil\". La organizaci\u00f3n pide que se revisen\u00a0de\u00a0los art\u00edculos del c\u00f3digo penal que imponen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresi\u00f3n."}}España no es un caso aparte, y así lo ha explicado Esteban Beltrán, director de AI en España. "A España se le ha llamado la atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria cerca de 750.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular; o por no haber adoptado una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con una atención especial a personas en situación de vulnerabilidad", ha explicado Beltrán.