El reino del terror de Asad

Riad ash-Shaqfi es un anciano de barba blanca y modales exquisitos, recién elegido secretario general de los Hermanos Musulmanes sirios. Como muchos otros de los 250.000 exiliados sirios, hace 30 años que no puede volver a su país, del que escapó durante el peor periodo de represión del régimen baazista, entre 1979 y 1982, cuando hasta 40.000 personas fueron asesinadas en las masacres de Hama y Tadmor.

Ash-Shaqfi tampoco puede llamar a su casa. «Si llamo a cualquier familiar, se lo llevarían preso», asegura. Todos los extranjeros que visitan el país árabe coinciden a su vuelta en una cosa: nadie se atreve a hablar de nada relacionado con la política. «El régimen ha sido muy exitoso a la hora de establecer una red de informadores secretos. Medio millón de personas son informantes. Dentro de algunas familias, hay personas que escriben para la policía sobre sus propios hermanos»,denuncia Walid Saffour, presidente del Comité Sirio de Derechos Humanos (SHRC).

El actual presidente, Bashar el Asad, accedió al poder en el 2000 tras la muerte de su padre, Hafez, prometiendo reformas. En el 2005, el Congreso del partido Baaz reclamó una apertura hacia un multipartidismo real, pero las cosas han seguido igual. De ahí que la reciente promesa de Asad de levantar el estado de excepción vigente desde 1963 sea recibida con desconfianza por asociaciones como Amnistía Internacional (AI): «El Gobierno ha hecho declaraciones similares en el pasado, pero el represivo estado de excepción ha continuado durante casi medio siglo ofreciendo poca tolerancia a los puntos de vista disidentes». «Bashir no ha hecho nada por esclarecer las muertes durante la presidencia de su padre, ni por el regreso de los exiliados. Ahora quiere reemplazar la ley del estado de excepción por una ley antiterrorista que será aún peor»,se lamenta Saffour.

A finales del 2009, la joven Tal al-Malluhi, que entonces contaba 17 años, fue detenida por las fuerzas de seguridad y mantenida incomunicada durante meses hasta que el pasado 15 de febrero fue condenada a cinco años de prisión tras haber sido acusada de espionaje. La causa: su blog, donde escribía poemas, pedía a EEUU que defendiese a los palestinos y hacía comentarios sobre la actualidad siria. Human Rights Watch asegura que, entre el 2007 y el 2009, 153 sirios fueron juzgados por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.

«Cualquiera que hable a la prensa puede ser detenido bajo los cargos de 'desmoralizar los sentimientos nacionales' o 'difundir información falsa'»,explica el presidente del SHRC. La familia Asad también controla importantes sectores de la economía del país, por lo que cualquier crítica sobre la corrupción del sistema lo es también a la familia gobernante. Y, por tanto, perseguida.

Muertos y detenidos

Desde el inicio de las revueltas en Siria, a mediados de marzo, al menos 121 personas han muerto víctimas de los disparos de la policía o de las bandas armadas leales al régimen. El SHRC asegura que tiene confirmación de 612 detenidos, aunque calcula que el número real supera los dos millares.

La situación en las cárceles es penosa debido al hacinamiento y la negación de derechos básicos, como el acceso a medicinas o a visitas de familiares. Las oenegés aseguran que el uso de la tortura está extendido y en ellas es fácil desaparecer para siempre.«Hay prisiones como Sednaya que son el verdadero infierno»,asegura Saffour. En Sednaya, donde están encarcelados entre 1.500 y 4.000 presos políticos, se produjo un motín en julio del 2008. Como había ocurrido anteriormente en la prisión de Tadmor (Palmira) en 1980 -donde, bajo la batuta de Rifat el Asad, tío del actual presidente, cerca de 1.000 presos fueron asesinados-, el régimen no tuvo contemplaciones: entre 50 y 150 presos murieron en Sednaya y aún se desconoce el paradero de algunos de ellos.

Otra cuestión es la población kurda: en 1962 se llevó a cabo un censo en el norte del país y a aquellos kurdos que no pudieron acreditar su residencia en Siria desde 1945 se les retiró la ciudadanía. Hoy, unos 300.000 kurdos no tienen derecho a la ciudadanía, lo que les impide adquirir propiedades, trabajar como funcionarios, casarse legalmente o ser atendidos en hospitales. Asad ha firmado ahora decretos devolviendo la ciudadanía a una parte de ellos.

Los sirios parecen haber dicho basta y cada vez son más los que se atreven a desafiar el reinado del miedo de los Asad.