Catalunya y otras cuatro comunidades se plantan ante la aplicación de la ley Wert

Los consejeros de Catalunya, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, comunidades no gobernadas por el PP y que aglutinan al 52% del alumnado de España, han hecho frente común y hecho público su rechazo a la aplicación del la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por considerar que es imposible su aplicación el próximo curso por falta de tiempo y de recursos. En una rueda de prensa conjunta, la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, y su homóloga del País Vasco, Cristina Uriarte, han anunciado que el próximo curso, que ya tienen programado, seguirán trabando con los mismos manuales ante la falta de tiempo para adecuarla.

Los consejeros expondrán estos asuntos al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebra en el ministerio para debatir los nuevos currículos de la LOMCE. Con la ley ya aprobada y oficialmente en vigor desde el pasado 30 de diciembre, la batalla política se traslada ahora al desarrollo y aplicación de la norma que, según el calendario previsto, debe llegar a las aulas el próximo mes de septiembre en primero, tercero y quinto de Primaria así como en la nueva FP Básica.

Wert solo acepta retrasar el desarrollo curricular de la LOMCE

Ataque a la autonomías de los centros

Rigau ha denunciado la falta de lealtad institucional del ministerio por falta de diálogo y ha acusado a Wert de precipitación e improvisación al desarrollar el currículo escolar. A su juicio, los decretos que prepara el minsitro atacan la autonomía de los centros, como lo demuestra su extensión de más de 1.000 páginas, frente a las 180 que contienen en Inglaterra.

Los responsables educativos de estas cinco comunidades han apuntado que los consejeros de las gobernadas por el PP, también están inquietos por la escasez de tiempo y dinero para llevar adelante la reforma el próximo curso, y son partidarios de que solo se apruebe y lleve adelante la parte de primaria.

Coincidiendo con la Conferencia Sectorial, la Plataforma por la Escuela Pública ha lanzado una campaña contra el cambio de los libros de texto, impuesta por la LOMCE. Un reciente informe del Defensor del Pueblo cifra en más de un millón los alumnos que han perdido las ayudas para comprar libros de texto en el último curso debido al recorte drástico de los presupuestos del ministerio de Educación y de la mayor parte de las comunidades autónomas.