Se venden túneles

La necesidad de recursos apremia y la Generalitat ha decidido poner ya en marcha el concurso para la concesión de los túneles de Vallvidrera y sus accesos, así como el del Cadí. Con esta operación, la Administración catalana espera ingresar 430 millones de euros. Según el pliego de condiciones, la adjudicación definitiva de este contrato, de una duración de 25 años, se realizará en diciembre.

La Conselleria d'Economia hizo públicos ayer los términos del concurso que afectan a la gestión de los túneles de Vallvidrera y sus accesos (C-16, entre los términos de Barcelona y Sant Cugat del Vallès) y de los túneles del Cadí y sus accesos (C-162 en el tramo entre los términos de Riu de Cerdanya y Fontanals de Cerdanya; y la GIV-4082, en el tramo municipal de Alp). Mediante este proceso, la Generalitat cede la explotación de las infraestructuras pero conserva la propiedad.

Antes de iniciar este proceso, las empresas deberán presentar una garantía provisional de 4,4 millones de euros y la garantía definitiva será del 2% del precio final de la adjudicación. El plazo de presentación de propuestas para obtener la concesión finalizará el 23 de agosto.

Antes de ponerse en marcha este proceso, la Generalitat se hizo con el 100% de Túnel del Cadí tras comprar a Abertis el 37,2% que el grupo catalán tenía en la compañía, por 45 millones, con el fin de unirla a Tabasa y privatizar su gestión. Se trata de dos de las joyas de la corona de la Administración catalana, ya que para este año se prevé un beneficio de 7,2 millones en los túneles de Vallvidrera y de 3,5 millones en el del Cadí. Abertis ya manifestó que«estudiará el proyecto porque es en Catalunya y porque es a lo que se dedica la empresa», afirman.

Al mantenerse como servicio público, la Generalitat establecerá un precio máximo de los peajes. La revisión de tarifas será anual y el Govern aplicará una rebaja del 10% en las de Túnel del Cadí. La concesionaria deberá constituir una sociedad específica que contará con un consejo de administración con un mínimo de tres miembros. La Generalitat tendrá derecho a nombrar un representante, con voz pero sin voto.

La operación se enmarca en el proceso de simplificación del sector público para reducir el déficit. Los intentos de obtener más ingresos por la vía de las privatizaciones y la venta de activos no ha funcionado lo lo bien que esperaba el Govern. Tras meses de tratar de vender dos lotes de 13 edificios por 450 millones, el Ejecutivo abortó el proceso y optó por la venta inversor por inversor.

El sistema, que prevé que la Administración siga como inquilina, ha supuesto en lo que va de este año desprenderse de la sede de la Conselleria de Territori por 52 millones a la empresa Bancalé Servicios Integrales; la de los servicios territoriales de Cultura en Barcelona por 2,55 millones a Mutual Mèdica de Catalunya i Balears; y la de la dirección de Medi Natural por 14,5 millones a VidaCaixa.

En los presupuestos de la Generalitat para este año se prevé ingresar un total de 888 millones con la venta de inmuebles y la de otros activos, entre los que está Aigües Ter-Llobregat (ATLL).