«Si se sabe, salimos en 'El Caso'»

Las conversaciones telefónicas del ingeniero Joaquín Quílez registradas por los Mossos han dejado al descubierto los manejos de la trama de corrupción y sobornos que durante años ha funcionado en Ciutat Vella para la adjudicación de licencias de apartamentos turísticos, hoteles y restaurantes. La magnitud del negocio ha quedado reflejada en las palabras de los implicados. «Si esto se sabe, salimos todos enEl Caso», le confesó Quílez a una persona el 13 de junio del 2008. En las diligencias judiciales, avanzadas por EL PERIÓDICO desde el pasado julio, aparecen citados políticos locales de diferentes partidos. Sin embargo, ninguno ha declarado y la fiscalía no tiene la intención de pedir su imputación.

ITZIAR GONZÁLEZ EXCONCEJALA DE CIUTAT VELLA VÍCTIMA

Itziar González fue nombrada concejala de Ciutat Vella en el 2007 y dejó el cargo en abril pasado Su llegada al distrito fue el principio del fin de la trama. El negocio quebró con el traslado de Lozano. A González le entraron a robar en casa y también fue amenazada de muerte por carta (Quílez está imputado por ello). Sobre el nuevo rumbo, en la investigación judicial hay una conversación entre Quílez y una empresaria en la que esta comenta: «Lo que quiere es cargarse todos los tejemanejes extraoficiales. Todo lo que se consigue soltando pasta aquí, soltando pasta allá para agilizar los trámites. Esto a ella no le gusta». Y agrega: «Sí, pero sí antes se resolvía soltando pasta bajo mano, ahora ya no».

ELENA ARIZA ABOGADA MUNICIPAL IMPUTADA

Elena Ariza, hasta que estalló el escándalo jefa de la asesoría jurídica de Ciutat Vella, es otra de las personas imputadas por los presuntos cohechos e irregularidades en las licencias para apartamentos turísticos. Su relación con Lozano era más que profesional, según las diligencias judiciales. En la causa hay desde mensajes hasta conversaciones telefónicas entre ellos. En una de esas llamadas, Heliodoro comenta a la abogada que le han recomendado no hablar por teléfono de un determinado tema. Es decir, le alerta de la posibilidad de que su móvil esté intervenido por orden judicial.

ROGER PALLAROLS CONCEJAL DE COMERCIO CITADO Y NO IMPUTADO

Abogado. 31 años. Desde el pasado mes de mayo concejal del Ayuntamiento de Barcelona y responsable del área de Comercio. Pese a aparecer citado en la investigación judicial, no ha declarado ni ante los Mossos ni ante la jueza. No está imputado. La fiscalía no tiene la intención, por ahora, de llamarle a declarar. Su nombre aparece en una conversación entre Lozano y Joan Albert Dalmau, gerente de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento. Hablan de exceso de aforo de algunas discotecas y los problemas que causan, así como de la actuación municipal. El funcionario detalla que Pallarols, que había sido consejero de distrito, llevó como abogado empresas de estas características.

HELIODOR LOZANO FUNCIONARIO MUNICIPAL IMPUTADO

15 de diciembre del 2009. Los Mossos interrogan a Quílez. «¿Pagó a Heliodoro Lozano por la agilización de trámites?», preguntan los agentes. El imputado contesta con un escueto «sí». «¿Cuanto dinero?» , inciden. «Unos 5.000 euros de la calle Unió número 20 de Barcelona y 4.000 de la calle de Correu Vell», admite. A continuación se relatan otras operaciones sospechosas sobre apartamentos turísticos. Presuntos sobornos. Lozano niega las imputaciones. Sin embargo, los Mossos apuntan en un informe que visto «el cargo y relaciones profesionales» que ejercen los dos imputados, «se dibuja una relación de subordinación competencial» de Quílez respecto a Lozano.

VÍCTOR BADIA EXCONSEJERO DE CIUTAT VELLA CITADO Y NO IMPUTADO

Militante de Unió. Cesó en su actividad como consejero de distrito de CiU el pasado mes de julio. No ha declarado, ni esta imputado. En los informes de los Mossos se refleja una conversación que mantiene con el ingeniero Quílez relacionada con un futuro negocio de apartamentos turísticos en la calle de Balmes y la instalación de un albergue juvenil. Cuando Badia se entera de la posible intromisión de un competidor en la adquisición del inmueble, según los Mossos, dice: «Te aseguro que albergue, ahí, si no estamos Quílez y yo, no se hace» (...) Yo hablo con quien sea del distrito y lo paro».

FRANCESC SALVADOR EXCONSEJERO DE CIUTAT VELLA CITADO Y NO IMPUTADO

Quílez llama a un tal Justo. Hablan de proyectos inmobiliarios y a continuación hablan del exconsejero socialista de Ciutat Vella Fracesc Salvador y de una acusación contra él por pederastía que data de 1997 por parte de una asociación de vecinos del barrio de El Raval (fue totalmente exculpado por el juez antes de llegar a juicio) y de diversos temas relacionados con esta persona. Los Mossos detallan en un pequeño resumen de la conversación que se detallan las relaciones «con un partido político de los señores Salvador y Justo y si esto puede perjudicar los intereses ocultos de Quílez».

JOAN ALBERT DALMAU GERENTE DE SEGURIDAD CITADO Y NO IMPUTADO

Es gerente del área de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los hombres de confianza de Assumpta Escarp. No ha declarado en el proceso, ni ha sido imputado. En las diligencias judiciales figura una conversación entre él y Lozano sobre un problema en Ciutat Vella. El funcionario explica a Dalmau que una persona importante a la que atracaron en ha iniciado una investigación contra el ayuntamiento porque la Guardia Urbana no le trató correctamente. Lozano le explica también que la intención de esa persona es demostrar la inactividad inspeccionadora municipal respecto a unos locales de ocio nocturno.

JOAQUIN QUÍLEZ INGENIERO IMPUTADO

Las primeras pistas sobre la trama de corrupción se hallaron en el registro que los Mossos practicaron en el despacho de Joaquin Quílez, que estaba siendo investigado por otra red de sobornos. Los agentes hallaron casualmente un documento manuscrito en el que aparecían un listado de direcciones, nombres y locales y cifras en euros. En dos anotaciones se añadía el nombre Helio. Las investigaciones pusieron al descubierto que ese tal Helio era Heliodoro Lozano, que había sido jefe de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella. La relación entre los dos queda patente en los mensajes de teléfono. «Hay que parar lo de Sant Miguel, 105», le dice Quílez al funcionario sobre unos apartamentos y una supuesta inspección. El ingeniero admitió después que pagó diversas cantidades a Lozano para que ·agilizara trámites sobre licencias.