proyecto legal
El Gobierno prevé endurecer los trámites para iniciar los desahucios
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Manifestación en Barcelona a favor de la dación en pago y contra los desahucios.
El Gobierno pretende que los bancos tengan más difícil iniciar los trámites para ejecutar las hipotecas en caso de impago y proceder al desahucio de su cliente. El PSOE ha propuesto en el Congreso endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado. Se trata del paso previo para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio. Los socialistas lo han incluido en una enmienda al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, elaborado por el anterior Ejecutivo, que busca aunar otras similares presentadas por Unidos Podemos, Ciudadanos, el PNV y el PdeCat.
El texto propuesto el año pasado por el ministro Luis de Guindos fijaba que las entidades podrían declarar el vencimiento anticipado del contrato si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo. Los socialistas proponen elevar esos topes al 3% y al 7%, respectivamente. Además, el PSOE pretende que los bancos estén obligado a dar a los clientes un plazo de un mes para ponerse al corriente de pagos, en lugar de los 15 días establecidos por el Gobierno popular.
Calviño enmienda a Guindos
La iniciativa forma parte de las 49 propuestas de pactos (enmiendas transaccionales) que la ministra Nadia Calviño, a través del PSOE, ha ofertado al resto de los grupos parlamentarios con el fin de dotar de "un carácter más social" al proyecto de ley que presentó Guindos, según el ponente socialista, Gonzalo Palacín. El objetivo -añade Palacín- es una mayor proteccion al consumidor y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica "sin poner en riesgo el sistema financiero e hipotecario del país".
El envío de estas propuestas de enmiendas transaccionales es fruto de una exigencia de Unidos Podemos al Gobierno de Sánchez para retomar la tramitación de este proyecto de ley que acumula ya un retraso de dos años y medio desde que venció el plazo para su aprobación previsto en la directiva europea (marzo del 2016).
Interés legal del dinero
Entre las propuestas de transacción, el partido del actual Ejecutivo también ha presentado una enmienda que trata de aunar otras similares de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PdeCat para reducir el interés de demora en caso de impago que pretendía fijar Guindos. Así, pasaría a ser el interés legal del dinero más un 3%, en lugar del triple de ese interés. Con datos del año 2018, para el que el interés legal del dinero es del 3%, el nuevo interés de demora en caso de impago sería del 6% y no del 9%.
Asimismo, el Gobierno pretende que los bancos estén obligados a informar en tres días de las consecuencias que tendría el reembolso anticipado total o parcial del crédito si el cliente les informa de que estudia proceder a ello. También en este caso ha mejorado en favor del hipotecado la comisión para las entidades que pretendía fijar el anterior Ejecutivo: del 0,25% al 0,15% del capital si el reembolso se produce en los cinco primeros años de la hipoteca y del 0,5% al 0,25% en los tres primeros. En caso de novación del tipo o subrogación del crédito a un tercero, la penalización sería del 0,15% en lugar del 0,25%.
Dación en pago
La mayoría de las enmiendas transaccionales presentadas por los socialistas tratan de sumar a Unidos Podemos e incorporan mejoras en la protección de los clientes que este grupo ha propuesto. Así, el PSOE ha presentado una enmienda que reúne otra propia y una del partido morado para que la ley recoja la opción que tienen las partes de pactar la dación en pago (la entrega del inmueble o de los ingresos obtenidos por su venta para saldar la deuda), una posibilidad que ya está reconocida en la ley hipotecaria de 1946 que se quiere reforzar ahora con una exigencia de mayor transparencia en la información al consumidor. También prevé que el código de buenas prácticas para evitar desahucios creado por el Gobierno del PP en el 2012 sea obligatorio en lugar de voluntario para los bancos.
Asimismo, los socialistas pretenden que si se pacta un suelo al tipo que se paga por la hipoteca también sea obligatorio que exista un techo, así como que ambos deban ser de la misma proporción respecto a la primera cuota y que el suelo no pueda ser superior a este primer pago. Se trata de evitar abusos como los destapados durante la crisis. Además, proponen que los incumplimientos por parte de los bancos de las condiciones fijadas para las hipotecas multidivisas obligue a cambiar la moneda de las mismas a aquella en que el cliente obtenga sus ingresos (normalmente, el euro).
Contratación de otros productos
Otra novedad es limitar la venta de hipotecas vinculadas a la contratación de otros productos (es decir, aquellas que no se pueden obtener si no se aceptan los mismos) a la suscripción de ciertos seguros, cuentas y productos de inversión o de pensiones. Los seguros, eso sí, podrán ser de otra entidad si cumplen las mismas características y además el banco deberá informar a los clientes del riesgo de sufrir pérdidas que suponen los productos de inversión.
El PSOE también quiere que los bancos tengan que informar al cliente de las condiciones de la hipoteca al menos diez días antes de la firma de la misma y que este documento sea vinculante para la entidad. Cuando el banco incumpla la información facilitada, el hipotecado podrá pedir la nulidad de las cláusulas que no quedaran suficientemente recogidas. Si deniega el crédito, deberá informar por escrito de ello. Los gastos de registro y tasación los tendrá que abonar la entidad, el acta notarial no tendrá impuestos y la tasadora deberá ser independiente del banco.
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