Miércoles, 15 de mayo del 2013 Montse Garrido (Tàrrega)

Tengo un hijo de 27 años con una discapacidad del 65% desde que nació. Cuando se la reconocieron --mi hijo tenía ya 25 años-- me dijeron que había una carencia de seis meses, es decir, me la reconocieron con validez desde febrero del 2012. Un mes después, me rebajaron la ayuda un 30%. Y poco después, recibí una carta en la que reconocían adeudarme unos 540 euros que me pagarán en ocho cómodos plazos anuales.
Yo solo quería este dinero para poder pagar la rehabilitación de mi hijo y un psicólogo pero, como no puedo pagarlos, he tenido que prescindir de estos servicios; yo no les puedo decir a estos profesionales que les pagaré en ocho años. El pasado febrero mi hijo sufrió un ictus que ha elevado su discapacidad hasta el 76%. Ahora me han concedido un importe de dependencia algo mayor, sin embargo, aún sigo cobrando la misma cantidad de antes.
Deberíamos levantarnos todos los familiares de dependientes y pedir la dimisión de los políticos. El problema para nosotros --y la suerte para ellos-- es que tenemos una responsabilidad tan grande sobre nuestras espaldas, que ya tenemos bastante con preocuparnos de cómo llegar a final de mes. Creo que se aprovechan de nosotros.

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