El Gobierno nunca ha interferido en las decisiones de las empresas privadas. De hecho, este es con toda seguridad el Gobierno menos intervencionista de la democracia. Estamos muy atentos, por supuesto, a la evolución de nuestras empresas, especialmente en sectores estratégicos; por el bien de nuestra economía y por el bien de los ciudadanos, que son el objetivo último de nuestra política económica. Pero no intervenimos en sus decisiones. Ni nos dejarían las empresas ni lo permiten las normas europeas e internacionales.
La credibilidad de la economía española está más que asentada, tal como han puesto de manifiesto la OCDE, el Banco Mundial, y otras muchas instituciones públicas y privadas. Nuestro país no solo cuenta con credibilidad sobrada, sino también con un patrón de crecimiento que está siendo observado por muchos, porque combina bien la creación de riqueza y la distribución a los ciudadanos. Crecemos punto y medio por encima de la media europea; creamos empleo (el 40% del que se crea en la UE); tenemos unas cuentas saneadas, que tienen por primera vez en democracia superávit; la inflación se desacelera.
Pero, además, el bienestar beneficia cada vez más a más ciudadanos. Por ejemplo, avanzando en el cuarto pilar del Estado de bienestar: la garantía de la autonomía personal, después de la educación, las pensiones y la sanidad.
Tenemos desafíos importantes que abordar: que nuestra economía sea aún más fuerte, más competitiva, que nuestra balanza exterior sea más equilibrada, y seguir avanzando en la creación y la calidad del empleo. Pero nuestra economía es sólida, nuestras empresas invierten fuera, y las empresas internacionales encuentran en España un buen lugar para invertir. Esos son los verdaderos indicadores de la credibilidad de nuestra economía.
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