En los cuatro últimos años se han iniciado en Catalunya 420.081 viviendas y se han acabado casi 300.000. A pesar de ello, y de que hay miles de pisos desocupados (los estamentos no se ponen de acuerdo sobre la cifra real), no se han podido cubrir las necesidades de vivienda de colectivos cada vez más amplios de la población, a causa de los elevados precios y del desequilibrio entre la ubicación de las nuevas viviendas y las necesidades de los ciudadanos. Hay más pisos que nunca y a la vez más falta de vivienda asequible.
Este fenómeno tiene varias causas, y los ayuntamientos tienen relación con algunas de ellas. El boom inmobiliario que se ha vivido en España en el último decenio, con el desplazamiento de la inversión desde la bolsa u otros mercados hacia el sector inmobiliario, ha provocado que se vendiera prácticamente todo lo que se producía, aunque en muchos casos solo se compraba para especular. Como que el bien más escaso para levantar una vivienda es el suelo, los promotores y constructores han optado por expandir el negocio hacia las poblaciones con más terrenos disponibles y baratos, aunque no estén bien comunicadas.
Los ayuntamientos agraciados con estas promociones las han aceptado y fomentado sin problemas, al contrario, ya que si el suelo era municipal hacían negocio con la venta, y si no era de su propiedad, también se aseguraban notables ingresos en las arcas municipales a través de los tributos que gravan la actividad constructora, primero, y con el correspondiente IBI e incremento de la población, después. Esta lógica ha hecho que el crecimiento del parque inmobiliario no haya ido parejo a las necesidades de vivienda asequible de la mayoría de la población.
DESEQUILIBRIO
Los datos del Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2006 hecho por la Generalitat son elocuentes en este sentido, hasta el punto de que los 25 municipios que han iniciado más de 100 viviendas por cada 1.000 habitantes se encuentran en su mayoría en el litoral de Tarragona (Deltebre, L'Ampolla, Roda de Barà), en áreas turísticas del Pirineo (Alp) o en los entornos urbanos de Lleida y Tarragona. El mismo informe ya advertía de que en algunos de estos puntos con "intensidades de edificación extremas puede darse a corto o a medio plazo un riesgo de sobreoferta".
En cambio, en los 15 municipios del área metropolitana de Barcelona (que incluyen, entre otros, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet, Badalona y Cornellà) se ha construido una media de seis viviendas por cada 1.000 habitantes en los últimos cinco años.
La presión social a favor de una vivienda digna y la mayor conciencia de los municipios y la Generalitat sobre la importancia de este problema están contribuyendo a cambiar las cosas.
La ley de urbanismo de Catalunya del 2004, que amplía la obligación de reservar suelo para vivienda protegida, empieza a dar sus frutos. Los planes aprobados por la Comisión de Urbanismo de Catalunya entre enero del 2005 y diciembre del 2006 prevén ya suelo para 50.000 pisos de protección oficial. Otra cosa es lo que se tarde en ejecutar estos planes. El tiempo medio para desarrollar un suelo no urbanizado hasta que se acaba la promoción prevista en esos terrenos oscila entre cinco y siete años.
El borrador del Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016 que impulsa el Govern de la Generalitat prevé movilizar en ese periodo suelo para 400.000 viviendas, 250.000 de las cuales deberían ser de protección oficial. Para ello es imprescindible el compromiso de los ayuntamientos, tanto para agilizar al máximo los procesos de transformación del suelo como para aplicar los máximos porcentajes posibles del nuevo suelo a pisos con protección.
En todo caso, es claro el cambio de ciclo que se produce en el mercado inmobiliario: finalmente parece que ha tocado techo el aumento desenfrenado de los precios y aumenta la bolsa de pisos pendientes de venta. Ello, junto a unas políticas municipal y autonómica más decididas a favor del alquiler y la vivienda protegida, pueden contribuir a cambiar las cosas lentamente.
LAS IMÁGENES Y EL HUMOR