Todos a una. Sin discrepancias. Abordar de una manera firme las medidas de atención a las personas en Barcelona, donde la velocidad de los cambios sociales ha acelerado la precariedad, es el objetivo de las principales fuerzas políticas para el próximo gobierno municipal. En el cara a cara organizado por EL PERIÓDICO el pasado miércoles en el Ateneu barcelonés, Jordi Hereu y Xavier Trias respondieron con un rotundo sí a la pregunta que les formuló Jordi Roglà, presidente de Cáritas en Barcelona, sobre si se comprometerían a un gran pacto contra la exclusión social.
El alcaldable socialista dijo que en este mandato se ha hecho "la primera fase de un camino que hay que recorrer con mucha más ambición", y su homólogo convergente aseguró: "Como alcalde, buscaré el acuerdo con todas las fuerzas políticas. Y si por casualidad, cosa que no deseo, estoy en la oposición, el alcalde sabe que tendrá siempre mi apoyo absoluto en esto".
Pero no habrán de empezar de cero. Porque en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Barcelona ha apostado fuertemente en inversión social, aunque siga siendo un impulso insuficiente, como recuerdan los que trabajan día a día con los pobres, y a tenor de las datos de exclusión. Estos cifran en más de 100.000 los barceloneses que viven en la pobreza y cerca de 150.000 los que perciben menos de la mitad de la renta media catalana, lo que equivale a subsistir en precario con poco más de 300 euros mensuales.
Así, el alcalde se encontrará con uno de los compromisos del tripartito local más importantes adquiridos para afrontar la marginación: el Plan Municipal para la Inclusión Social 2005-2010, elaborado por la concejalía de Bienestar Social, en manos de ICV, un área que Hereu ya ha manifestado que quiere que dirija el PSC en el próximo mandato. Este programa ha supuesto para este año la inversión de 93 millones de euros en servicios vinculados a la inclusión (12 más que en el 2006), cuando en el 2003 se destinaron unos 59.
PERSONAS SIN TECHO
Y
una de las principales apuestas para paliar la precariedad ha sido la de combatir la más evidente, la más dura, la de aquellas personas que por no tener no tienen ni casa y viven en las calles de la ciudad. Durante el 2006 más de 3.000 personas se encontraron sin techo en Barcelona, siendo habitualmente un millar las que duermen cada día a la intemperie.
En los últimos dos años, el ayuntamiento ha abierto cinco equipamientos integrales para acoger y reinsertar a este colectivo, generalmente castigado por el abuso de alcohol y otras drogas. El más grande, situado en la Zona Franca, dispone de 120 plazas de noche y 50 de día. También son de este mandato los albergues de la avenida de la Meridiana (40 camas), Almogàvers (60), Sant Gervasi (60) y Horta (30 camas), así como 72 plazas en 18 pisos de inclusión social (está prevista la puesta en marcha en breve de otros cinco en los que vivirán 20 personas). La ciudad dispone, entre estas plazas públicas y las concertadas con diversas entidades sociales en pisos o pensiones, camas para alojar temporalmente a unas 700 personas. Por tanto, todavía no hay techo para todos.
A su favor está el hecho de que las medidas adoptadas no se han limitado a solventar la situación esporádica, sino que los pobres que acuden a la mayoría de estos albergues deben asumir un compromiso de inserción con el objetivo de que no vuelvan a la calle. Un centenar de los más de 400 que han participado en programas de reinserción, tanto social como laboral, han logrado un empleo o acceder a un piso durante el último año y actualmente tienen una forma autónoma de vida.
Una autonomía que se pierde con la edad. En ese sentido, Barcelona, con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, afronta el deber de cuidar de sus mayores. En la ciudad viven más de 330.000 personas que superan los 65 años (el 21% de la población), de las cuales 83.000 viven solas, y de ellas, cerca de 55.000 tienen más de 75 años. La mayoría son mujeres.
ANCIANOS
Respecto a este colectivo, Barcelona ha tenido un déficit importante de plazas residenciales en comparación con la media catalana. Mientras el promedio en Catalunya es de 1,5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, en Barcelona no llega a una. La situación se resolverá en los próximos años gracias a la constitución, en abril del 2006, del Consorcio de Servicios Sociales, previsto en la Carta Municipal, un organismo de la Generalitat y el ayuntamiento a partir del cual ambas administraciones acordaron crear 51 nuevos equipamientos de servicios sociales en Barcelona, lo que implica una inversión de 100 millones de euros. Unos proyectos estimables teniendo en cuenta que durante 23 años CiU solo construyó 10 centros de estas características.
Y entre estas construcciones (para abuelos, infancia y adolescencia y discapacitados), 10 son geriátricos (uno por distrito) con 1.200 plazas residenciales. Se sumarán a las cerca de 3.800 camas para ancianos que hay actualmente, la mitad de las cuales son públicas y el resto concertadas con residencias privadas.
No obstante, seguirán siendo insuficientes, aunque paralelamente crecerá la atención domiciliaria de los ancianos (ahora llega a unas 10.000 personas y a final de año a 13.000), la gran apuesta del municipio, que se verá reforzada de manera paulatina con la ley de dependencia. Sin embargo, esta no alcanzará su plenitud hasta el 2015 y este colectivo, precisamente, no tiene a su favor el factor tiempo. Por este motivo, el municipio ha pasado de destinar 21 millones de euros a los ancianos en el 2003 a los 33 millones que se gastó durante el 2006.
También para los ancianos el gobierno del tripartido ha impulsado la teleasistencia, un aparato que atiende las 24 horas a las personas en situación frágil. A final de este año, los mayores de 75 años que vivan solos tendrán uno. Entonces, el consistorio tiene previsto haber distribuido 25.000 aparatos que vigilarán a más de 30.000 barceloneses con la teleasistencia, uno de los servicios que disponen de forma automática los cerca de 600 ancianos que residen en pisos tutelados.
Otro de los frentes que deberá abordar el gobierno municipal, y que se ha acentuado con los cambios de tipo de unidades familiares (cada vez hay más hogares monoparentales) y la llegada de la inmigración es la pobreza en la infancia. Así, desde Bienestar Social se han elaborado planes municipales de familias, infancia y adolescencia para dar respuestas a las nuevas necesidades.
Además de potenciar los servicios de acogida, educativos y sanitarios para los recién llegados, la capital catalana tiene previsto impulsar medidas dirigidas a reforzar la conciliación de la vida familiar con la laboral, traducida, por ejemplo, en la creación de una red de familias canguro que, tras un periodo de formación a cargo de técnicos municipales, se podrían hacer cargo de niños algunas horas en sus domicilios.
ADOLESCENTES EN LA CALLE
De la misma manera, se prevé aumentar la atención domiciliaria a las familias con niños y adolescentes en riesgo de exclusión, para trabajar hábitos como la higiene o la alimentación y prevenir el absentismo escolar y las drogodependencias. Y esto, precisamente, podría dar respuesta a una de las denuncias de la síndica de Barcelona, Pilar Malla, que el pasado diciembre elaboró un informe en el que instaba al municipio a combatir la situación de alto riesgo en la que, cifró, viven unos 6.000 menores de la capital catalana, de los cuales cerca de 500 son adolescentes inmigrantes que han llegado solos a la ciudad y deambulan por las calles, en muchos casos, sin estar bajo la tutela del Govern.
En ese sentido, la solución exige, antes que nada, aumentar el número de personas destinadas a la atención de este colectivo, ya que, aunque el consistorio cumple con la ley de servicios sociales --que exige un equipo de atención básica primaria formado por dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes--, es claramente insuficiente.
Y si básico es aumentar el gasto presupuestario en la atención social de los barceloneses, no lo es menos el hecho de trabajar con las entidades que día a día se hacen cargo de los problemas a los que no llega la Administración. Consciente de su importancia, el ayuntamiento trabaja en red con 390 entidades sociales de la ciudad, unas oenegés que emplean tanto tesón en su labor diaria como en reclamar más compromiso político para con los pobres.
LAS IMÁGENES Y EL HUMOR