Una vez más se repite la desgracia: el clamor de los pobres no encuentra un eco en aquellos que están más obligados a escucharlo, sus representantes políticos. Ante una tragedia de gran magnitud como la que está teniendo lugar en Myanmar, el gobierno de aquel país impide la entrada de las organizaciones humanitarias e incluso las Naciones Unidas deciden suspender la ayuda una vez que se ha confirmado que el gobierno la ha confiscado y no la reparte... con amigos así ¿quién necesita enemigos?

La indefensión de todas esas personas terriblemente vulnerables en su adversidad es manifiesta y todas las personas e instituciones de buena voluntad ven con impotencia cómo los recursos humanos y materiales están ahí preparados pero no pueden ser empleados debido a la deliberada obstrucción de un régimen que, en su intento de mantenerse en el poder y evitar cualquier intento de subversión o revolución política, no tiene reparos en dejar morir a miles de personas.

Esto, por desgracia, no es una excepción. Podríamos hablar de múltiples gobiernos de la misma calaña que se vuelven contra su propia población, como si fueran los enemigos a derrotar e impiden el acceso de alimentos y enseres de primera necesidad a ciertas zonas, que se aprovechan del hambre como arma de guerra o que bombardean a sus propios súbditos simplemente porque están en la "zona equivocada."

De mi experiencia en Sudán, recuerdo la rabia y la impotencia de ver caer las bombas lanzadas por el mismo ejército que en teoría velaba por la seguridad de la gente. Por desgracia, no les estoy hablando de los tiempos de Maricastaña... bombardeos similares están sucediendo en estos días en el Norte de Darfur y parece que nadie se atreve a rechistarle al Gobierno de Jartum. Todos los gobiernos miran para otro lado, comenzando por aquellos que se están aprovechando del codiciado petróleo sudanés.

En situaciones como estas me pregunto hasta qué punto nuestro sistema de no ingerencia en los "asuntos internos" de los Estados es defendible cuando hay situaciones como éstas que realmente claman al cielo y que piden una solución inmediata. El mandato humanitario, reflejado en diferentes documentos, parece que siempre está limitado por la legitimidad de un país para decidir si se actúa o no... y aquí es donde creo que falla el sistema. Más de una vez, cuando estos países están liderados por gobernantes sin escrúpulos, no hay problema a la hora de intentar forzar la situación aunque esto tenga un altísimo precio en vidas humanas. En nuestra jurisdicción internacional nadie se atreve a poner un artículo en el que se prevea actuar incluso contra la directriz de un país en situaciones límite que amenacen la vida de miles de civiles desarmados e indefensos. No hay Convención de Ginebra que apruebe esto (ni se aprobará, tal como está el patio internacional).

Qué pena que algunos gobiernos sean tan inhumanos que no muestren ni un gramo de compasión.

Qué pena que haya leyes que defiendan a tales sinvergüenzas sin escrúpulos.