La misma semana en que dos activistas birmanas recibían el Premi Catalunya que otorga la Generalitat, la dictadura militar que rige aquel país asiático condenaba a más de 60 ciudadanos a penas en algunos casos de hasta 65 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones de protesta registradas el pasado año. Algunos de los condenados son miembros de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que lidera Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, cuya lucha ha sido reconocida aquí ahora.
Suu Kyi no pudo recoger el premio catalán. En 1990 su partido ganó con un 80% de los votos las primeras elecciones multipartidistas en 30 años, resultado que desde entonces hasta hoy ha sido ignorado por la junta militar. En los 18 años pasados desde aquella cruel burla de la democracia, la activista ha permanecido casi ininterrumpidamente en la cárcel o bajo arresto domiciliario. La otra galardonada en Barcelona, Cynthia Maung, sí pudo recoger el merecido galardón. A diferencia de Suu Kyi que no puede salir de Birmania, a esta doctora que dirige una clínica para refugiados birmanos en la localidad fronteriza tailandesa de Mae Sot, lo que le está prohibido es entrar en su país.
Birmania ha sido un país cerrado a cal y canto durante décadas. Solo la destrucción causada por el ciclón Nargis en mayo pasado, con más de 100.000 muertos, entreabrió a duras penas la puerta para que pudiera entrar ayuda humanitaria y poder paliar en algo los efectos del desastre que la junta militar era incapaz de atender.
El anuncio de unas elecciones en el 2010 que la junta presenta como parte de su hoja de ruta hacia la democracia, permitían albergar alguna esperanza, igual que la puesta en libertad en septiembre de Win Tin, de 79 años, uno de los opositores más reconocidos después de pasar 19 años entre rejas.
Las duras condenas impuestas la semana pasada a los más de 60 disidentes parecen indicar todo lo contrario, que el régimen se está preparando para que los comicios anunciados para dentro de dos años sean, con la oposición en la cárcel, un nuevo escarnio.
La ayuda desde el exterior a la promoción de la democracia en dictaduras siempre es difícil. En Birmania la vinculación de ayuda humanitaria a la democratización nunca ha funcionado. El acoso desde instituciones internacionales, tampoco. La actitud crítica de países occidentales solo ha servido para que la junta estrechara lazos con su gran vecino, China, necesitado de los recursos energéticos que el país posee en la costa. A su vez, esta vinculación ha sido el mayor obstáculo a una acción de Naciones Unidas.
En enero del pasado año, por ejemplo, China y Rusia vetaron en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que condenaba la represión de la junta contra las minorías y la oposición. Ahora EEUU desearía que el Consejo decretara un embargo de armas, pero el veto de aquellos dos países está asegurado. Desde 1962, cuando los militares se hicieron con el poder, todos los llamamientos al diálogo han caído en saco roto.