No hubo milagro, ni solución mágica. La explosiva reforma del Estado belga sigue encallada en los preparativos previos para poder iniciar las discusiones. No sólo no hay acuerdo sobre el contenido de la reforma, sino que incluso existe un profundo desacuerdo entre flamencos y francófonos sobre quién tiene que negociar esa reforma. Ante esta situación, el rey belga Alberto II optó ayer por prorrogar la larga crisis institucional del país otro mes y medio y encargó a los tres mediadores que presenten un nuevo informe a mitad de septiembre sobre cómo organizar la negociación entre la comunidad flamenca y la comunidad francófona.

Los tres "sabios" presentaron al monarca su primer informe para preparar el inicio de la reforma del Estado exigida por Flandes, la región más rica del país que concentra al 60% de la población belga. El breve documento no va más allá de constatar una voluntad general de los partidos políticos flamencos y francófonos de negociar una nueva repartición de competencias entre el Estado y las regiones belgas.

Los partidos francófonos aceptan el concepto de una "reforma en profundidad" del Estado federal belga, pero no se han comprometido a aceptar el estado confederal que reclama la coalición democristiana y nacionalista flamenca (CDV-NVA), del primer ministro Yves meterme, ni han renunciado a reclamar la ampliación territorial de la región de Bruselas a costa del territorio de su periferia flamenca.

El único compromiso concreto aportado por los tres mediadores es que los partidos francófonos están dispuestos a iniciar las negociaciones institucionales para la reforma del Estado antes de la reapertura de la sesión parlamentaria en octubre.

El obstáculo para el inicio de esa negociación es la exigencia de Flandes a que ese diálogo sea dirigido por los presidentes de las dos comunidades nacionales flamenca y francófona, mientras que los partidos francófonos exigen que la negocación sea realizada por las tres regiones federales: Flandes, Valonia y Bruselas.

Los flamencos, que representan una pequeña minoría en la capital belga (85% francófona), rechazan de forma tajante una negociación a tres bandas en la que Flandes perdería la baza clave de su rodillo demográfico. Bruselas, pese a su carácter francófono, es también la capital de Flandes y la sede de las instituciones gubernamentales y parlamentarias flamencas. La compleja situación de Bruselas es uno de los factores que ha frenado hasta ahora una secesión flamenca.

La alianza democristiana y nacionalista flamenca aceptó a regañadientes la prórroga del mandato de los tres mediadores reales, aunque no hubieran ofrecido las garantías reclamadas por los partidos flamencos. "No hay nada. Los mediadores no han aportado nada. No se ha avanzado ni una pulgada", lamentó el diputado democristiano Eric Van Rompuy. Por su parte, la Alianza Neo-Flamenca (NVA) reiteró su amenaza de romper con los democristianos si en septiembre no hay ningún avance significativo.

La coalición CDV-NVA recordó sus exigencias de "una estructura confederal, cuyo centro de gravedad debe situarse en las entidades federadas", y que las negociaciones no detengan la escisión del distrito electoral y judicial que agrupa Bruselas y su periferia flamenca. Esta separación privaría a los más de 100.000 residentes francófonos de la perifería flamenca de la capital de la posibilidad de elegir representanes en su lengua en las elecciones generales y europeas y de ser juzgados en francés.

El líder de los liberales francófonos y ministro de Finanzas, Didier Reynders, instó a los partidos flamencos a "abandonar sus tabas", mientras que los partidos francófonos insistieron en que la reforma del Estado debe ser "equilibrada".

La decisión del monarca permitirá a los políticos belgas realizar un breve pausa estival, pero ya se está fraguando una nueva tempestad para septiembre.