Apenas 24 horas después de que el rey belga intentara conseguir un respiro temporal en la profunda crisis política en que se encuentra sumida Bélgica con el nombramiento de tres mediadores, los nacionalistas flamencos de la Alianza Neo-Flamenca (NVA) amenazaron con hacer caer el Gobierno federal si el próximo 31 de julio no obtenían "resultados" concretos y "garantías" sobre esa reforma confederal del Estado exigida por Flandes. Desde que se inicio la actual crisis política tras las elecciones legislativas del 10 de junio del 2007, Bélgica vive al ritmo de sucesivos ultimátums, que sólo han hecho empeorar la crisis.

"Es la última oportunidad" para los francófonos, subrayó el líder de la NVA, Bart De Wever, aliado electoral de los democristianos (CDV) del primer ministro, Yves Leterme. "Si no hay acuerdo, se habrá acabado. La mayoría gubernamental no podrá continuar", advirtió De Wever.

El líder nacionalista, que nunca ha ocultado que su objetivo final es lograr una Flandes independiente, es un aliado indispensable para los democristianos, sin el cual el CDV podría dejar de ser el primer partido belga. La ruptura de la alianza entre CDV y NVA y la temida asociación de estos últimos con la formación nacionalista y populista de la Lista Dedecker conduciría a una debacle electoral para los democristianos en las elecciones regionales del 2009.

De Wever exige, entre otras cosas, que los francófonos dejen de oponerse a la aprobación parlamentaria de la separación del distrito electoral y judicial que une Bruselas con los 35 municipios de su periferia flamenca. Esa escisión privaría a los más de 100.000 residentes francófonos de la zona del derecho a elegir un candidato de su propia lengua en las elecciones generales y europeas y a ser juzgados en francés.

Esto es algo que los partidos francófonos no pueden aceptar sin contrapartidas, como la ampliación territorial de la región de Bruselas (actualmente aislada en medio de Flandes) y su unión terrestre con Valonia. Un planteamiento totalmente inaceptable para los flamencos.

El nombramiento de los tres mediadores por parte del monarca para preparar la reforma del Estado es visto con escepticismo en el país, en especial en la mitad norte de la frontera lingüística que divide Bélgica por la mitad.

Flandes exige desde hace 13 meses una reforma confederal del Estado belga, a lo que se han negado hasta ahora los partidos francófonos por temor a perder las cuantiosas ayudas estatales que les permiten mantener un generoso sistema de protección social, pese a su elevada tasa de paro y su endémica crisis económica. Será muy difícil que en tan sólo 12 días los tres mediadores sean capaces de cambiar sustancialmente la postura de los partidos francófonos.

Los flamencos consideran la decisión de Alberto II como una maniobra dilatoria para ganar tiempo ante la falta de soluciones para salir del bloqueo actual de la situación política.

El mantenimiento del democristiano flamenco Yves Leterme como primer ministro ante la falta de alternativas tras su dimisión el pasado 14 de julio tampoco se considera como una solución afortunada, aunque es apoyada por los partidos francófonos para asegurar la continuidad del Gobierno federal y evitar la crisis total.

Para los democristianos flamencos (CDV), este Gobierno Leterme bis es un mero Ejecutivo de gestión interino. La presidenta del CDV, Mariane Thyssen, ha pedido incluso al Gobierno que se limite a gestionar los asuntos corrientes y que se "abstenga de adoptar decisiones importantes". Los democristianos flamencos también han advertido que "si las cosas no evolucionan de aquí a finales de julio" abandonarán el Gobierno.

En este contexto, Bélgica celebrará el 21 de julio su fiesta nacional con los peores augurios para el futuro de la continuidad del país desde su independencia en 1830.